via El Economista.
En materia de telecomunicaciones, el objetivo del gobierno es recaudar, lo demás son distractores para hacer como que hacen pero sin cambiar nada. ¿De qué sirve que la Constitución establezca el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación? ¿De qué sirve que el Estado esté obligado a garantizar a todos su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales? ¿De qué sirve que la Constitución diga que las concesiones para usar el espectro radioeléctrico serán otorgadas exclusivamente por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)? ¿De qué sirve que la Constitución le otorgue al IFT la facultad exclusiva de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para conseguir la inclusión digital universal? ¿De qué sirve que la Constitución establezca que en ningún caso el factor económico será determinante para el otorgamiento de concesiones sobre el espectro radioeléctrico?
De nada. Todo lo anterior no sirve para nada porque el gobierno quiere exprimir al sector telecomunicaciones lo más posible, a través de derechos exorbitantes por el uso del espectro radioeléctrico, establecidos por el Congreso de la Unión en flagrante contradicción al texto constitucional y con un evidente interés recaudatorio. De nada sirve, porque el gobierno continúa gravando los servicios de telecomunicaciones como si fueran un servicio de lujo y no un derecho expresamente consagrado en la Constitución. No sirve de nada si tenemos un IFT con amplísimas atribuciones constitucionales, pero comandado por funcionarios que temen cumplir con su deber para no ofender al gobierno y su partido, aún y cuando esta actitud sacrifique el bienestar de la población al permitir que el gobierno continúe extrayendo ingresos que están desangrando al sector y su incipiente competencia, sin que esto tenga ningún impacto social.
De nada sirve tener las mejores leyes y derechos humanos de avanzada si seguimos girando en torno a una burocracia que sólo mira por sus intereses y por mantenerse en el poder. El IFT debe demandar al Ejecutivo y al Legislativo para que la Suprema Corte le ratifique el control exclusivo que tiene sobre el espectro radioeléctrico, sus contraprestaciones, usos y compromisos de cobertura, a efecto de poder cumplir con los objetivos plasmados en la Constitución. Debe, también, demandar de inmediato al presidente de la República para que cumpla con su obligación constitucional de proponer al Senado los candidatos a comisionados que deberán ser ratificados por éste.
Es claro que el gobierno de López Obrador no tiene la menor idea de cómo cumplir sus promesas de llevar Internet para todos. La industria y el IFT sí lo sabemos. Trabajemos juntos para que los recursos generados por el sector se queden en el sector y se pueda cumplir con la obligación constitucional de conseguir la inclusión digital universal. Daniel Hajj, director general de América Móvil, propuso la creación de programas sociales para subsidiar la conectividad y los equipos terminales de aquellos que por su condición de pobreza así lo requieran, y tiene razón. El sector tiene los recursos para hacerlo, lo que urge es el compromiso y la guía del IFT, que pasan por recobrar la rectoría sobre el espectro radioeléctrico que le ha sido escatimada por los políticos.
El presidente López Obrador quiere ahogar al IFT y a la Comisión Federal de Competencia Económica para que mueran sin necesidad de modificar la Constitución; los comisionados de la segunda por lo menos están dando la batalla. Bien deberían seguir su ejemplo los comisionados del IFT y pelear para cumplir con su deber.
@gsoriag