2019-03-27
Aunque la reforma en telecomunicaciones de 2013 no ha sido abiertamente cuestionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que hay algunas señales que pueden implicar un grave retroceso e incluso menoscabar la autonomía constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Recordemos que las reformas estructurales implementadas por la administración de Peña Nieto buscaban romper con monopolios y cotos de poder que frenaban el desarrollo del país. Así, se abrieron los mercados de hidrocarburos y energía, se restringieron las prácticas abusivas del agentes económico preponderante en telecomunicaciones, se otorgaron cientos de nuevas concesiones para prestar servicios de radio y televisión y se recuperó por parte del Estado la rectoría sobre el sistema educativo nacional. Evidentemente, los grupos de poder afectados han hecho todo lo posible para revertir sus privilegios paralegales, y lo siguen haciendo.
En telecomunicaciones hay tres graves ejemplos del juego en que consciente o inconscientemente ha caído la nueva administración federal y que en la práctica pueden ser el inicio del desmantelamiento de la reforma en telecomunicaciones: (1) la injerencia arbitraria e ilegal de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el proceso de separación funcional de Telmex ordenado hace dos años por el IFT; (2) la licitación de fibra obscura por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en flagrante violación del mandato constitucional de crear una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional bajo la responsabilidad de Telecomunicaciones de México (Telecomm), y (3) la pretensión del presidente López Obrador de otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias evangélicas que comulgan con sus creencias personales. Los tres ejemplos son abiertamente inconstitucionales, atentan contra la modernización del sector y reincorporan privilegios especiales a empresas, sindicatos e iglesias que muchos pensábamos ya superados. Analicemos cada uno.
Bajo presión del sindicato de Telmex, que amenaza con el petate del muerto de una supuesta huelga que nunca estallará, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha caído en el juego de Telmex de hacer pasar un asunto estrictamente regulatorio como si se tratara de un conflicto laboral. De entrada, la ex ministra debería saber que el único órgano del estado mexicano que tiene atribuciones en la materia es el IFT y que ella no tiene atribución alguna. ¿Si sabe, señora ministra, que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultadas? Por otro lado, suponiendo sin conceder que se trate de un problema de índole laboral ¿por qué se mete la Secretaría de Gobernación cuando, en todo caso, debería hacerlo la Secretaría del Trabajo? Lo cierto es que en su ingenuidad la secretaria Sánchez Cordero le está haciendo el trabajo sucio a Telmex, a pesar de que debería conocer bien los alcances de la figura de patrón sustituto y, por tanto, que la separación funcional no puede afectar en nada los derechos laborales previamente adquiridos.
Por su parte, el señor Manuel Barlett, director general de CFE, debería leer el artículo Décimo Quinto Transitorio del decreto de reforma constitucional en telecomunicaciones para enterarse de que la licitación de la red obscura de esa empresa es inconstitucional y que el único órgano del Estado con atribuciones para llevar a cabo el proyecto de la red troncal es Telecomm.
Por último, alguien debería avisarle al señor presidente López Obrador que es inconstitucional otorgarle concesiones de radio o televisión a sus amigos de las iglesias evangélicas. De acuerdo con el artículo sexto constitucional las estaciones de radio y televisión deben cumplir con los fines establecidos en el artículo tercero de la misma Constitución Federal, que, entre otros fines, establece expresamente que deben mantenerse por completo ajenas a cualquier doctrina religiosa, basarse en los resultados del progreso científico, luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. No sé usted qué opine, pero yo estoy convencido de que ninguna religión está basada en el progreso científico y son un cúmulo de fanatismos y prejuicios que mantienen a la gente en la ignorancia y la sumisión.
Los actos inconstitucionales no benefician a nadie, ni siquiera a sus supuestos beneficiarios. Hay muchas personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil que podrán impugnarlos… y ganar.
