2018-08-15
Cuando usted escucha por radio o televisión hablar de la reforma estructural en telecomunicaciones, seguramente habrá escuchado términos como “desagregación del bucle local” o “compartición de infraestructura pasiva”. Se trata de términos rimbombantes que en realidad significan cosas sencillas de entender aunque difíciles de implementar.
¿Ha visto usted la cantidad de cables que cuelgan de los postes en muchas de las ciudades del país? ¿Se ha fijado que algunos llegan al piso y otros se enroscan como serpientes cada tantos metros cerca de unas cajas negras? ¿Cuántos cables puede usted contar? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Por supuesto, depende de la ciudad en la que esté. En la mayoría hay dos o tres, pero en algunas zonas de las grandes metrópolis puede haber más. Se trata de la competencia. Como hasta ahora ha sido prácticamente imposible hacer que el operador de la red más grande de México —Telmex— permita a sus competidores usar su infraestructura, tenemos que en aquellas zonas con poder adquisitivo y densidad suficiente se instalan dos, tres o cuatro redes paralelas que cuelgan de los mismos postes y todas pasan frente a su casa. Además de que tanto cable colgando es un atentado contra el paisaje urbano, también es económicamente ineficiente.
Las telecomunicaciones son una industria intensiva en capital, por lo que duplicar o triplicar el número de redes fijas que pasan frente a nuestra casa es un despilfarro que sólo entorpece el avance tecnológico y la competencia en precio y calidad. Es por eso que en varios países del mundo se impuso al operador dominante la obligación de prestar servicios al mayoreo a sus competidores, de tal manera que éstos puedan utilizar el último tramo de conexión de su red para llegar a los domicilios de sus clientes. De esta manera, en lugar de tener cuatro cables colgando frente a la puerta de su casa sólo tendrá uno, por el que le podrán llegar servicios de cualquier operador que usted escoja, ya sea porque sus precios son mejores, la calidad de sus servicios es mayor, le ofrece más servicios empaquetados o por el motivo que a usted le dé la gana. Esto de ninguna manera quiere decir que el operador preponderante deba regalar sus servicios al mayoreo o perder el valor de su inversión. Será el órgano regulador, en nuestro caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el que determine las contraprestaciones que los competidores deben pagar al preponderante basándose en un modelo de costos que incluya una ganancia razonable en función de las condiciones del mercado. Pero no es sólo cuestión de estética urbana, es también una medida de fomento a la competencia. La red del preponderante se ha ido construyendo y ampliando durante más de un siglo, periodo en el cual tuvo el apoyo de todos los órganos del Estado y todos los niveles de gobierno para instalar postes, abrir zanjas, levantar torres, y colocar ductos y cables. Replicar toda esta infraestructura implica una altísima barrera de entrada que limita el acceso de más competidores al mercado. Evidentemente, el preponderante tiene interés en que la barrera se mantenga y los hogares por donde pasa su red sólo tengan una opción de servicio: la suya. Así mantiene al margen a sus competidores y cautivos a sus clientes. Dos pájaros de un tiro. Es natural, por tanto, que Telmex y su sindicato se hayan opuesto contundentemente a la medida de separación funcional de sus servicios al mayoreo (aquellos que está obligado a prestar a sus competidores) de sus servicios al menudeo (aquellos que presta a sus clientes finales).
Parece que el IFT ahora sí va en serio y para el año que entra podremos ver los primeros resultados de la separación funcional. Aunque al principio puede parecer un trago amargo para Telmex, en mi opinión, la tendencia será que las empresas propietarias de la infraestructura serán distintas a aquellas que operan los servicios, como ya pasa en los servicios de telecomunicaciones móviles. Además de las redes compartida y troncal, los municipios podrán instalar anillos de fibra óptica para arrendarlos a los operadores. No es imposible llegar a un balance que implique ganar-ganar para todos, incluyendo al preponderante.