2018-01-24
Con la reforma en telecomunicaciones del 2013 se elevó a rango constitucional el acceso a la nueva economía digital mediante el fomento a la competencia y la inversión en infraestructura de banda ancha. Aunque no existe una definición clara de lo que debe entenderse por banda ancha (y es natural, toda vez que la tecnología incrementa las velocidades de transmisión de datos de manera exponencial), es un hecho que los operadores del sector han incrementado sustancialmente las velocidades de acceso tanto en servicios fijos como móviles.
La demanda de mayor cobertura y mayores velocidades seguirá creciendo, por lo que las empresas deberán continuar con sus inversiones para ampliar sus redes y adoptar tecnologías de punta. Esto sólo será posible en un entorno de certeza jurídica en el que se mantengan y profundicen las medidas asimétricas que impidan al agente económico preponderante en el sector (es decir Telmex, Telnor y Telcel) abusar de su poder de mercado y realizar prácticas anticompetitivas.
La composición demográfica del país, en la que la mayoría son jóvenes bien familiarizados con el entorno digital, implica retos, pero también oportunidades de inversión con miras a ingresos crecientes en los servicios digitales. No debe dejar de atenderse, por supuesto, a los millones de mexicanos que aún no cuentan con herramientas de acceso a la economía digital eficientes y asequibles. Para ello se requiere de la colaboración entre gobierno y empresas que permita destinar, de forma transparente y predecible, recursos del propio sector para aquellas zonas en las que haya un déficit de infraestructura. En mi opinión, debería eliminarse el IEPS en telecomunicaciones y sustituirlo por un Fondo de Cobertura Universal, en el que una parte de las contraprestaciones pagadas por los usuarios se utilicen para financiar este fondo, que después deberá asignarse a los operadores mediante mecanismos de subasta descendente a cambio de la prestación de servicios de banda ancha en localidades hoy no atendidas y específicamente delimitadas.
Aunque todavía los índices de concentración del sector son excesivos, con la reforma se sentaron las bases para una competencia más dinámica en donde las ofertas disruptivas de los competidores lograron importantes disminuciones en los precios y una sustancial mejora en la calidad de los servicios.
Con todas las críticas que podemos formular a la presente administración, es un hecho comprobado su compromiso por dinamizar la competencia y eliminar barreras que hasta hoy han sido un cuello de botella para la construcción de la infraestructura que el país demanda. Tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se han adoptado políticas públicas y regulación que hasta el sexenio pasado eran un sueño guajiro de los que hemos dedicado nuestra vida profesional a las telecomunicaciones. Por parte de la SCT, se han hecho importantísimos esfuerzos para poner a disposición de los operadores la infraestructura inmobiliaria, derechos de vía y postes, tanto del gobierno federal como de los estados y municipios, además de los ambiciosos proyectos de la red compartida y la red troncal, que en algunos años podrán ayudar a satisfacer la demanda creciente de transmisión de datos. Del lado del IFT, por su parte, está en marcha el proyecto de separación funcional de Telmex y Telnor, que permitirá a los competidores acceder a sus servicios mayoristas en las mismas condiciones que los servicios al menudeo de las propias Telmex y Telnor.
Son de reconocerse, por tanto, los esfuerzos de la administración del presidente Peña en materia de telecomunicaciones. Esperemos que aquel que resulte ganador de la contienda presidencial del 1 de julio sepa reconocer los avances alcanzados y continúe por el mismo camino de fomento a la competencia y despliegue de infraestructura. Es tranquilizador saber que contamos con un regulador autónomo y transexenal.