Ayer, en su columna de El Universal, Javier Tejado Dondé, miembro fundador del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), que me honro en presidir, desarmó parte por parte la simulación orquestada por uno de los mayores radiodifusores del país, Javier Pérez de Anda, para evitar restricciones en materia de competencia económica, obtener un generoso descuento de 15% en la asignación de frecuencias de radio para 37 ciudades y bloquear el acceso a nuevos competidores.
La información disponible hasta el momento indica que Pérez de Anda, a través de prestanombres ligados con su familia, es la mano que mece la cuna detrás de Tecnoradio. Recordemos que a pesar de ser sólo un cascarón constituido por dos exfuncionarios públicos que prestaron servicios a Pérez de Anda, Tecnoradio apareció de último momento en la licitación de radio que lleva el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para encarecer la subasta en más de 3,400%, lo que constituyó una barrera a la entrada de nuevos competidores en perjuicio de un mercado que merece más pluralidad y menos señores feudales.
A pesar de que las relaciones de parentesco entre el presidente de Tecnoradio, Alí Eduardo Bañuelos (casado con la sobrina de Pérez de Anda), y el propio don Javier debían ser informadas al IFT en términos de las bases de licitación, todo indica que el Instituto fue engañado al presentársele información incompleta o, de plano, falsa. El señor Bañuelos y sus socios deberían saber que declarar con falsedad a las autoridades es un delito que se castiga con cárcel. Es cierto que el IFT no puede investigar a todo aquel que participe en una licitación, pero sí está obligado a mandar un mensaje de firmeza que inhiba este tipo de conductas en el futuro. De otra manera, mentirle al regulador se convertirá en deporte nacional.
En cualquier país en el que el cumplimiento de la ley sea la regla y no la excepción, la gravedad del perjurio no se cuestiona. De hecho, es el soporte que permite darle valor a las declaraciones de los testigos y de los solicitantes de algún acto administrativo o judicial. Desafortunadamente, en un país con más de 95% de impunidad, los casos de declaraciones falsas que llegan a prisión se cuentan con una mano. Este no puede ser el caso de Tecnoradio; el IFT debe salir de su pasmo para actuar cuanto antes.
Las consecuencias de la simulación de Tecnoradio no pueden ser más graves: en primer lugar, Tecnoradio debe ser descalificada de la licitación y asignarse las frecuencias que había ganado a aquel que hubiese quedado en segundo lugar en cada una de las plazas; en segundo lugar, es probable que alguno de los participantes que fue desplazado por Tecnoradio impugne aquellas pujas en las que la participación de uno de los radiodifusores más poderosos disfrazado de nuevo competidor y con un descuento de 15% le impidió ganar. Por último, cabe la posibilidad de que se reconozca el interés legítimo de cualquier persona para que los procesos de licitación de estaciones de radio se lleven a cabo de manera transparente, profesional y que faciliten el ingreso de nuevos concesionarios sin que el valor económico sea el factor determinante en la asignación de las concesiones. El supuesto estímulo de 15% para nuevos entrantes sólo sirvió para que un barón de la radio concentre más espectro. De ser este el caso, la licitación en su totalidad podría caerse como castillo de naipes.
Si bien parece que un empresario le vio la cara al IFT, ya es momento de que los funcionarios de éste dejen a un lado la actitud del burócrata que no levanta la vista del expediente y traten de ver más allá del papel. El IFT tiene una autoridad investigadora que no investiga nada y una unidad que supervisa el cumplimiento de la ley pero se limita a revisar los papeles que le entregan sin ensuciarse las manos con la cochina realidad. Quiero creer que fueron engañados y que no nos van a salir con que lo que hace el sobrino no tiene nada que ver con el tío. Que simulen los particulares, nunca la autoridad.