2017-12-06
El país alcanzó un promedio de velocidad de descarga en internet de 19.3 Mbps, muy por debajo de los países de la OCDE
La definición de la banda ancha ha sido dinámica a través del tiempo debido a la evolución de las capacidades y aparición de nuevas tecnologías de transmisión de datos por internet.
Si bien diversos organismos internacionales y órganos reguladores en el mundo han fijado un criterio basado en un mínimo de velocidad de descarga, por ejemplo, de 256 kbps (kilobits por segundo) o superior, en ocasiones se ha adoptado una definición más amplia con base en la capacidad de uso ininterrumpido de varias aplicaciones y/o dispositivos al mismo tiempo.
Por ejemplo, hace dos años en Estados Unidos se elevó el estándar mínimo de velocidad para una conexión de banda ancha de 4 a 25 Mbps.
Por otro lado, la Broadband Commission for Sustainable Development de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) define a la banda ancha como el acceso permanente a internet de alta velocidad con la capacidad de transmisión de servicios de forma simultánea.
En el caso de México, aún carecemos de una definición ya sea estricta o amplia, pero precisamente la intención del órgano regulador es someter a consulta pública cuál debería ser el estándar.
Especialmente cuando la meta establecida en la Reforma Constitucional consiste en alcanzar condiciones de provisión de internet al menos equiparables al promedio de velocidad registrada entre los países de la OCDE.
Pero ¿cómo hemos avanzado en esta materia? Una medición realizada a partir de datos obtenidos por Ookla, empresa de diagnóstico de provisión de internet, revela que México alcanzó un promedio de velocidad de descarga en internet de 19.3 Mbps, mientras que el promedio de la OCDE resultó en 53.8 Mbps durante el mes de octubre de este año. Por lo tanto, el reto consiste en más que duplicar la velocidad de descarga en nuestro país.
Si bien este parámetro ha mejorado gracias a la Reforma en Telecomunicaciones, aún tenemos el ya mencionado reto de acelerar mucho más que proporcionalmente el ritmo de crecimiento y por supuesto, no detener el paso para materializar el cometido referido.
Para ello, podría ser necesario no sólo elevar el criterio mínimo, sino materializar con eficacia aquellos proyectos de política pública y regulatoria que eleven y mejoren las condiciones de cobertura y provisión del servicio de internet entre la población.
Como he referido en entregas pasadas, que nosotros aceleremos el paso no quiere decir que el resto de los países desaceleren el ritmo para que los alcancemos. Tenemos que seguir maximizando los efectos de la Reforma para realmente podernos colar en los promedios de la OCDE en cuanto a indicadores de calidad y cobertura de telecomunicaciones. He aquí un pendiente más para los organismos sectoriales de nuestro país.
