2021.08.04
Vía El Economista
Si se mantiene lo programado, el día de hoy el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) habrá de liberar a Telmex de sus obligaciones de preponderancia en los municipios más ricos del país. Por su gravedad y trascendencia, he abordado el tema en las tres últimas entregas de esta columna, tanto desde el punto de vista jurídico-constitucional, como económico y de fomento a la competencia.
En términos de la Constitución, la preponderancia es una figura de excepción que sólo se puede aplicar a aquellos agentes que detenten más del 50% del sector telecomunicaciones o del sector radiodifusión, por lo que consiste en una situación de hecho que no está sujeta a análisis alguno. Mientras el agente preponderante concentre más del 50% del sector, debe ser regulado a nivel nacional. El IFT pretende, no obstante, desnaturalizar la figura para liberar a Telmex en los municipios más ricos del país, como si ese hecho no tuviera efectos en otros municipios o mercados de telecomunicaciones.
El IFT pretende también olvidar todos los argumentos con los que defendió la figura de preponderancia en los tribunales y ante la Suprema Corte, como si nunca hubiera dicho lo que dijo. Este cambio de opinión y abierto ataque a la figura esencial de la reforma en telecomunicaciones de 2013 suena raro. Lejos de fomentar la competencia, los comisionados parecen apresurados por liberar al preponderante de la regulación asimétrica. Tan es así, que el instituto no ha determinado indicadores de desempeño objetivos para saber si en el mundo real el preponderante ha cumplido de manera efectiva con sus obligaciones en la materia. A pesar de que la ley obliga al IFT a emitir un reporte trimestral sobre el cumplimiento efectivo del preponderante, el instituto nunca lo ha hecho. Sus reportes se limitan al cumplimiento documental, es decir, los informes y papelitos que el propio Telmex entrega al IFT, sin que éste se tome la molestia de verificar que lo dicho por Telmex sea consistente con la realidad. Los burócratas aman los expedientes y odian ensuciarse los zapatos para ver si efectivamente Telmex permite el acceso a sus ductos de manera oportuna o se dedica a poner pretextos.
Si no existen indicadores de desempeño claros y los que hay nunca son verificados ¿cómo puede el IFT decretar que Telmex ha cumplido de manera efectiva con sus obligaciones asimétricas? El mismo IFT determinó que como sus medidas de preponderancia no habían logrado su objetivo, Telmex debía llevar a cabo una separación funcional entre sus servicios mayoristas y sus servicios minoristas. La separación funcional aún no está operando en la realidad y ya el IFT intenta liberar a la unidad de servicios mayoristas de obligaciones que nunca ha cumplido. Esto representa, cuando menos, una muy grave contradicción de los señores comisionados.
Así como la figura de preponderancia fue creada por el Constituyente Permanente para poder controlar a Telmex y Telcel ante el rotundo fracaso de las autoridades en esa encomienda, la Constitución también dotó al IFT de atribuciones de las que carece cualquier otro órgano del Estado: ninguna de su resoluciones puede ser suspendida. Ante el abuso de la suspensión en el amparo por parte de Telmex y Telcel, que en la práctica impidieron regularlas, se prohibió la suspensión de la resoluciones del IFT. Esto, que se pensó para controlar al preponderante, ahora dejará a la competencia y a los usuarios en estado de indefensión ante lo que se perfila como una traición por parte del instituto a su principal propósito constitucional: desconcentrar el sector telecomunicaciones y fomentar la competencia efectiva.
