2020.08.09
Vía El Economista
Ayer se publicó en la Gaceta del Senado de la República, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que crea la Ley Nacional por la Libertad de Prensa, presentada por la senadora de Morena, María Soledad Luévano Cantú. Por principio, cualquier ley que pretenda regular libertades constitucionales y derechos humanos me parece sospechosa, pero nunca imaginé algo de este calibre. Con una exposición de motivos perfectible, pero en el sentido correcto, que parte de las premisas de que (I) los periodistas son víctimas de delitos por el ejercicio de su profesión; (II) el gobierno ha sido incapaz de sancionar a los responsables y proteger a las víctimas, y (III) el gobierno usa el gasto en publicidad oficial para censurar a medios críticos y premiar a medios oficialistas (pregúntele a Nexos o a La Jornada, respectivamente), propone una legislación para los medios digna de la Unión Soviética.
Empecé la lectura con una sonora carcajada (a veces Morena da risa) al leer el artículo 7º, que, entre otras cosas, dice que los ciudadanos tenemos el derecho a conocer las acciones de gobierno con pleno conocimiento de que se trata de propaganda gubernamental. ¿Se imagina usted el berrinche de López Obrador si las televisoras se vieran obligadas a poner un cintillo que dijera “el contenido transmitido es propaganda gubernamental”? Dejó de ser gracioso cuando la mañanera se vuelve obligatoria; se obliga a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados a tener su mañanera una vez al mes; al presidente de la Suprema Corte, una vez cada tres meses; a los gobernadores, una vez cada 15 días, y a los alcaldes, cada mes. Vaya, se regula hasta el número de preguntas que se pueden hacer y el orden de ellas, y se permite al entrevistado elegir a quién le contesta y a quien no. Igualito que López Obrador. ¿Cuál libertad? ¿A quién quieren engañar?
Ahora viene lo soviético del caso. Todo el gremio periodístico tiene derecho a participar en una elección nacional que organizará el Instituto Nacional Electoral para que el pueblo elija a aquellos que integrarán el Comité de Autorregulación de Prensa. Una vez integrado, el comité emitirá los criterios con base en los cuales el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizará una encuesta nacional de “Calidad e Imparcialidad” de los medios. El comité llevará un registro de medios y periodistas, en los que sólo podrán estar inscritos aquellos que hayan cumplido con los criterios del comité según sean reflejados en la encuesta del Inegi. De no estar inscrito en el registro, el medio o el periodista perderá el derecho a recibir publicidad oficial, participar en las mañaneras y ser electo miembro del comité.
El comité o Ministerio de la Verdad, como le llamaría Orwell, también difundirá masivamente pronunciamientos públicos cuando considere que la información de algún medio sea inconsistente, falsa o ambigua.
Además del PTU del 10% que pagan todas las empresas y que es uno de los motivos por los que no crece el empleo formal en México, esta iniciativa pretende que los medios paguen a sus trabajadores un 10% de sus ingresos por publicidad gubernamental. Para mí, es evidente que el gobierno de López Obrador quiere desaparecer a los medios para desaparecer la crítica a su gobierno.
Hay mucho más que decir de esta iniciativa y afecta a todos los medios en todas las plataformas: escritos, radiodifundidos o digitales. No debemos perderle el ojo.
