Las consecuencias lógicas derivadas de la falta de certidumbre jurídica en torno al desarrollo de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, ante el retraso en la emisión de la legislación secundaria convergente producto de la reforma constitucional del año pasado, no debería sorprender a nadie.
Como hemos señalado repetidamente en este espacio, una vez agotada la agenda primigenia que le fue conferida al Instituto Federal de Telecomunicaciones (`Ifetel`) por el Constituyente Permanente, la ausencia de ley empieza a complicarlo todo.
No obstante esta obvia realidad que ha empezado a impactar las labores del órgano regulador creado por el Congreso, existe un grupo de personas identificadas con la arquitectura de la reforma constitucional que se manifiesta sorprendido. Fieles a su estilo, critican todo lo que no se puede concretar, en buena medida, debido a la dificultad de cumplir con los plazos obsesivos en los que se obstinaron, cuando en paralelo promueven el retraso de la conformación del andamiaje jurídico básico requerido para transformar los principios constitucionales en una realidad palpable.
Así, por ejemplo, criticaron sin argumentos sólidos la modificación del calendario para el cese de transmisiones analógicas de televisión, conocido como `apagón analógico`, en diversas ciudades de la frontera norte del país. Poco pareció importar a los críticos `sorprendidos` que la ampliación de plazos, debidamente fundada y motivada conforme a las normas vigentes, se hubiere determinado ante la falta de condiciones necesarias para preservar el acceso de la mayoría de la población al servicio gratuito de radiodifusión que les garantiza la Carta Magna.
De manera similar, se intentó criticar al Ifetel cuando, por una mayoría de cinco votos contra dos, su Pleno acordó la modificación al calendario de actividades de la licitación para el otorgamiento de concesiones de televisión digital terrestre que tiene como finalidad la creación de dos nuevas cadenas nacionales. El razonamiento esgrimido por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado fue impecable: sin legislación secundaria, no existen las condiciones mínimas para que los interesados puedan evaluar el desarrollo futuro del mercado al que pretenden ingresar. En otras palabras, la ausencia de legislación impacta directamente en el principio de transparencia e igualdad con que debe substanciarse cualquier proceso de licitación pública.
Las decisiones del Ifetel no resultaron sorpresivas para la mayoría de especialistas y analistas dedicados al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Su adopción era previsible, lógica y justificada, de cara al atorón legislativo que promueven, paradójicamente, estos sorprendidos personajes.
