Javier Orozco | Milenio | 14 Julio 2014
Se ha dicho hasta el cansancio que la reforma constitucional que culminó con la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene dos objetivos principales: emparejar la competencia y defender a los usuarios y a las audiencias.
Es una reforma que acaba con un pesado debate, de por lo menos una década, que buscaba crear un marco jurídico más equilibrado; naturalmente, todas las normas son perfectibles y, por ende, no son eternas.
Pero este nuevo entorno jurídico pro competencia impulsado por el gobierno de la República molestó desde sus inicios a la preponderante América Móvil, la cual se sintió afectada en sus intereses y tuvo que reaccionar.
En los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión se implementó la figura de la preponderancia, ante la litigiosidad y falta de eficacia de las acciones de la extinta Cofeco.
El éxito de esta reforma ha hecho que el preponderante en telecomunicaciones América Móvil quiera salir de la hipótesis jurídica que le da ese carácter y que le ha impuesto una serie de medidas asimétricas.
Su anuncio de desincorporación y venta de ciertos activos ha sido tomado desde diferentes lecturas: desde que Carlos Slim se adelantó a los poderes hasta que el gobierno logró partir a uno de los hombres más ricos del mundo.
El punto central en este tema es que los Poderes de la Unión no pueden permitir que poderes económicos los enfrenten o intimiden, algo que América Móvil ha venido haciendo por la reforma legal en el sector.
Está en su derecho y la nueva legislación contempla que se pueda desincorporar, lo que se deberá seguir muy de cerca, para evitar simulaciones como en el caso Dish, para lo cual el Ifetel será factor determinante como autoridad.
Con todo lo anterior, en un par de años la competencia del triple play estará en pleno auge, si se actúa conforme a derecho, por lo que hoy. Con la firma del decreto por parte del presidente Enrique Peña Nieto, se da inicio a una nueva era en las telecomunicaciones.
