Federico González Luna Bueno
El Financiero
Pocas veces se justifica que las autoridades actúen apuradas y sin contar con los elementos mínimos que, aunque no garanticen, cuando menos sí den una relativa tranquilidad acerca de las probabilidades de éxito de la acción de gobierno respectiva.
Una y otra vez, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) había venido anunciando a la prensa y en diferentes foros y conferencias que, a más tardar el 30 de noviembre de este año, serían publicadas la convocatoria y las bases para la licitación de 306 canales de televisión abierta en diversas plazas del país.
Como era de esperarse, la sola noticia del lanzamiento de tan importantes documentos atrajo la atención de diversos medios de comunicación, de analistas y académicos. Por supuesto, propició también cierta politización del caso, sobre todo entre quienes veían en la medida una oportunidad de crítica a las empresas concesionarias de televisión abierta, atribuyéndoles, como es usual, las peores confabulaciones.
Por otro lado, hubo voces que también reiteraron que el armado de tan importantes instrumentos legales no debía ser una cuestión política sino de técnica jurídica, económica y de ingeniería. Estas voces, como también es usual, fueron continuamente criticadas al considerarse que no apoyaban debidamente una acción de gobierno que, parecería, habría de resolver la mayor parte de los males que aquejan al país.
Como ocurrió, lo fácil era plantear una fecha de publicación sin un sustento adecuado. Se trataba de una bandera atractiva, políticamente correcta en ciertos ámbitos.
El caso es que la semana anterior el presidente de la Cofetel, en sesión extraordinaria, sometió al resto de los cuatro comisionados la aprobación de las bases de la licitación de los referidos canales de televisión, con el resultado de que el documento respectivo no pudo ser autorizado al considerarse que presentó deficiencias técnicas y jurídicas, y al carecer de la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la contraprestación económica, y de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) en cuanto a los límites de canales que podrían concesionarse a los actuales concesionarios de televisión.
Quizá la mayor dolencia de la propuesta del presidente de la Cofetel es la ausencia absoluta de experiencia en materia de licitaciones de radiodifusión, y en la contradicción intrínseca en que se incurrió al olvidar que la propia Cofetel se había comprometido a realizar, previamente a la de televisión, la licitación de 20 frecuencias de radio ubicadas en 17 pequeñas poblaciones en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, de acuerdo con el programa publicado en el Diario Oficial el 1 de agosto de 2011.
Un dato relevante es que, según informó el comisionado de la Cofetel Martínez Pous, la Cofeco tampoco ha dado su opinión sobre las bases de la licitación para las estaciones de radio aludidas, a pesar de que desde el mes de julio le había sido solicitada la misma por parte de la Cofetel; lo que podría implicar (esperemos equivocarnos) que el órgano promotor de la competencia se habría sumado a un manejo político del asunto a fin de que, a como diera lugar, se cumpliera la promesa fijada para el 30 de noviembre de este año en materia de televisión abierta, dejando de lado las licitaciones de radio para el sureste del país.
La pertinencia de llevar a cabo la licitación de nuevas concesiones de televisión abierta obliga a nuestras autoridades administrativas a hacer bien las cosas; no hay espacio para un manejo político del asunto y mucho menos para buscar o promocionar las simpatías o beneplácitos de ciertos grupos o personas, principalmente de izquierda.
En pocas palabras, el éxito de las indispensables licitaciones de televisión abierta está sujeto al trabajo serio, continuo y técnico y no que se establezcan fechas sin ton ni son, que en sí mismas tienen connotaciones políticas y quizá hasta resulten retadoras para un gobierno a punto de iniciar.