2020.06.30
Vía El Universal
En poco menos de dos semanas, dos atentados han cimbrado a la cúpula política del país: el primero de ellos el pasado 16 de junio, contra el juez Uriel Villegas Ortíz en Colima, Col. En este fallecieron él y su señora esposa, Verónica Barajas. Este juez, un par de días antes del atentado, había dictado órdenes de aprehensión contra un par de familiares de un líder local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El otro atentado, en plena zona residencial de Lomas de Chapultepec, fue el pasado viernes contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. En este caso, él también había iniciado varios operativos para limitar la capacidad de acción de los cárteles en la CDMX.
Así que, al parecer, el CJNG está atentando contra los que hacen su trabajo y aplican el Estado de derecho. Los que, a su juicio, no están adoptando la política de “abrazos no balazos”. Los mensajes que se mandan son escalofriantes para el Estado mexicano. Y más aún cuando, hasta ahora, la reacción oficial, y por ella me refiero a la del presidente de la República, ha sido tibia: sencillamente no cambiará su política pública respecto a cómo lidiar (o no lidiar) contra el crimen organizado.
Desde luego, estos temas no son sencillos, pero es difícil ver paralelismos en el México reciente. El último juez federal ejecutado fue hace cuatro años. Y nunca se había visto un atentado con tantos hombres y tanto poderío de fuego en la CDMX.
Si el Estado mexicano en su conjunto no responde pronto y con fuerza, pero cuidando la vigencia de la ley, la señal que va a mandar a todo el crimen organizado es que se puede atentar contra los pocos funcionarios que sí hacen su trabajo.
Más perversa aún es la señal que manda a quienes se dedican a procurar y administrar justicia en nuestro país. ¿Qué juez va a volver a sentenciar a capos, si siente que su vida está en juego? ¿Qué otros policías van a arrestar a narcomenudistas, si les cobran represalias? ¿Quién de la Guardia Nacional se va a enfrentar a poderosos cárteles?
Los temas económicos y los de salud pública están complicados en el país, pero la coyuntura de inseguridad —entre homicidios al alza por decenas de miles y, ahora, los atentados— está generando un vacío de poder en las fuerzas que deben imponer el Estado de derecho y la justicia.
Lo que ha sucedido es algo verdaderamente grave. Esperemos que tanto el gobierno federal, como el de la CDMX, respondan pronto y mucho mejor de lo que lo han hecho hasta ahora.
Cambiando de tema…
Durante las últimas semanas, ha sido tema relevante el boicot publicitario que se ha generado en contra de Facebook por parte de anunciantes. La campaña se llama #StopHateforProfit, luego de que Facebook ha permitido que se siga distribuyendo desde su plataforma información falsa y, sobre todo, información de odio.
Hasta el fin de semana, casi 100 empresas se habían sumado a la campaña organizada por las asociaciones Free Press, Common Sense Media y la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color). Entre las empresas que dejaron de anunciarse en Facebook destacan: Coca-Cola, Starbucks, Microsoft, Levi’s, Honda, The North Face, PepsiCo, Hershey’s, la distribuidora de bebidas alcohólicas Diageo, Mozilla, Verizon y Unilever.
Atribuido a esto, la plataforma digital registró una caída de más de 8% en sus acciones el viernes pasado, lo que significó una disminución de más de 60 mil millones de dólares en su valor de mercado.
Habrá que ver qué sucede, pero la ambivalencia de Facebook para autorregularse parece que no sólo le va a generar un daño económico y reputacional; también, hay cada vez más voces que piden una fuerte regulación en lo que respecta a sus contenidos y la privacidad de sus usuarios. Veremos qué sucede.