2020.10.20
Vía El Economista
Al momento de escribir esta colaboración, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Patricia Terrazas, ya había discutido y votado el dictamen relativo a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos, instrumento legislativo que forma parte del paquete económico que cada año el Ejecutivo remite al Congreso de la Unión.
En ese dictamen quedó reflejada una modificación, entre otras, respecto a la propuesta enviada por el presidente López Obrador en septiembre pasado, para el caso de de las cuotas de derechos para la banda de 800 MHz.
Ya abordé anteriormente en este espacio que la propuesta del Ejecutivo consistía en incrementar de manera significativa las cuotas de derechos para la banda de frecuencias referida, y en crear otras nuevas cuotas para bandas de frecuencias que están identificadas para ser explotadas para servicios móviles bajo un ecosistema 5G.
En mi opinión y la de prácticamente todos quienes dan seguimiento al sector telecomunicaciones y tienen la oportunidad de hacer comentarios sobre el tema en medios, toda la propuesta de cuotas de derechos para frecuencias del espectro radioeléctrico para el 2021 estaba no solo mal enfocada, sino que además se convertiría en un freno de peso para el desarrollo del sector telecomunicaciones en nuestro país, pues afectaría de manera notable la estructura de costos de los operadores móviles que tienen concesionadas frecuencias en territorio nacional, lo que a su vez muy probablemente tendría un impacto en los precios de los servicios de telecomunicaciones móviles y tendría un impacto negativo en el despliegue de más infraestructura, tanto para llevar servicios a zonas que hoy no lo tienen, como para garantizar la calidad del servicio donde sí existe cobertura hoy en día.
Pues bien, después de intensos pronunciamientos en diversos foros, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, por parte de diversos expertos, ya sea representantes de la industria, como la Canieti y Anatel, como de otras organizaciones de carácter internacional como ASIET o GSMA, y el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), que además difundió un sendo comunicado sobre el tema, y por supuesto, del muy atinado análisis sobre el tema que difundió el órgano regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corrigió parte del entuerto que estaba provocando con los cambios, pues al final decidió conceder en la Cámara de Diputados que las cuotas para la banda de 800 MHz, en lugar de incrementarse en 52% de un año para otro, solo sufran un ajuste de 3.5%, lo que básicamente es el ajuste inflacionario en forma anual.
Si bien hay que reconocer la disposición de SHCP para enderezar parte de la equivocada propuesta, lo más razonable habría sido dejar las cosas como están al día de hoy y aprovechar los próximos meses para organizar una discusión pública seria e informada, sobre el rumbo que debe tomar México en materia de políticas públicas para impulsar en serio la conectividad, entre ellas, las que tienen que ver con los cobros por el uso o explotación del espectro radioeléctrico en nuestro país.
Porque si ninguna otra depedencia del gobierno del presidente López Obrador se ha tomado en serio para asumir el papel de lider para impulsar una verdadera agenda digital, que va más allá de la conectividad, era la oportunidad de oro para que SHCP lo hiciera.
Teniendo frente a sí la espléndida ocasión para reconocer que la propuesta de incrementar los cobros de derechos no había sido afortunada y que en su lugar se ameritaba iniciar un gran debate sobre el tema en nuestro país, la dependencia encabezada por Arturo Herrera prefirió solo replegar sus velas ahora para reintentar su estrategia irracional para el próximo año, por eso optaron por dejar desde ahora en la ley la estructura de artículos que ya traían en mente para 2021. Van a necear pues.
