2020.10.13
Vía El Economista
Ayer conocimos que el Premio Nobel de Economía 2020 fue otorgado a Paul Milgrom y Robert Wilson por sus aportaciones a la teoría económica a través de la mejora de la teoría de subastas y la invención de nuevos formatos de subasta. Estos desarrollos teóricos permitieron que entre otras cuestiones se pensara en la conveniencia de utilizar la subasta como el mecanismo más eficiente para asignar los derechos de explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Lo anterior, de manera que en un contexto de información asimétrica, desigual entre la autoridad y los interesados en obtenerlas, y desde luego entre los distintos interesados, el estado no solo pueda extraer el mayor valor monetario posible, sino asignar esas frecuencias a aquellos postores que las valoran más, evitando además resultados indeseados, como la famosa “maldición del ganador”, que ocurre cuando una subasta está mal diseñada y provoca que haya postores que con tal de obtener el objeto o licencia que está siendo sometida a subasta, llegan a ofrecer montos por encima de lo que ellos mismos consideraban como lo razonable, es decir, pagar más de lo que realmente vale, lo que perjudica el negocio que se pretendía realizar con el objeto o licencias obtenidas en la subasta.
En México, las primeras concesiones de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico otorgadas en un contexto de competencia se asignaron mediante el mecanismo de subasta abierta ascendente, un formato derivado de las aportaciones de Milgrom y Roberts. Puede decirse que el resultado de aquella subasta fue exitoso desde el punto de vista que se maximizó el ingreso para el Estado Mexicano y que gran parte de las frecuencias incluidas en la subasta fue asignada.
Después de las subastas de aquel momento, el órgano regulador de las telecomunicaciones en México no ha podido organizar subastas de frecuencias para servicios móviles que puedan cumplir cabalmente con las premisas para que se les pueda considerar como un mecanismo eficiente de asignación. Ello, por un factor externo que distorsiona de manera fundamental el mecanismo de descubrimiento de precios que se va construyendo a lo largo de las distintas rondas de una subasta: las cuotas que por el uso de esas mismas frecuencias la SHCP introdujo en la Ley Federal de Derechos desde 2003. Desde entonces, esta dependencia las ha ubicado en un nivel tal que llegan a representar no menos del 70% del monto total que terminan pagando los concesionarios, que se compone de los derechos que les cobra anualmente SHCP y lo que ofrecen en la subasta.
Pues bien, se ha comentado ampliamente que para el 2021, la SHCP propuso elevar de manera significativa los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, particularmente los de la banda de 800 MHz. Lo que provocará que los operadores que ya tienen asignadas esas frecuencias, se vean obligados a pagar, durante la vigencia de sus respectivas concesiones, un monto mucho mayor que el que ellos en sus valuaciones privadas le asignaron en su momento a esa banda. Esto significa simplemente que tanto SHCP, como la Cámara de Diputados y el Senado, si avalan esta absurda propuesta, provocarán que los operadores, atrapados por concesiones que ya tienen otorgadas, se vean sometidos por decreto al equivalente de la maldición del ganador. Poniendo en riesgo la prestación de servicios móviles en regiones donde las obligaciones fiscales incrementadas pudieran resultar demasiado onerosas para los operadores.
Paradojicamente, el día que el Nobel de Economía se otorga a quienes propusieron mecanismos para evitar escenarios indeseados en la asignación de frecuencias, la SHCP defendió en un parlamento abierto en Cámara de Diputados una propuesta absurda que generará más perjuicios a México que los posibles beneficios al erario. Así de irreflexiva la 4T.
