2018-03-08
El 27 de febrero de 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ordenó que el Agente Económico Preponderante (AEP) de las telecomunicaciones, i.e. América Móvil, se sometiera a un esquema de separación funcional para Telmex.
En apego a las mejores prácticas internacionales, el órgano regulador del sector dio de plazo hasta el primer trimestre de 2020 para que dicha separación funcional ya esté totalmente ejecutada. Es importante señalar que no se trata de una separación estructural; es decir, no se obligó a Telmex a desinvertir activos.
Los accionistas de América Móvil, la tenedora de Telmex, permanecen en los mismos términos y condiciones, antes y después de la separación funcional. De lo que se trata es de hacer una separación contable y de infraestructura por servicios, de tal suerte que la supervisión y monitoreo del regulador sea más fácil, al tiempo de generar mayor competencia en el mercado.
En este tema, el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) afirma: “se espera que la materialización efectiva de la separación funcional, que tiene como plazo máximo el primer trimestre del 2020 se traduzca en una reducción adicional hacia 2025 de entre 7 y 10 puntos porcentuales a la tendencia base de pérdida en la participación de mercado Telmex-Telnor que se observa en usuarios de servicios fijos (telefonía y banda ancha fija). Lo que implicaría que la participación conjunta de los operadores competidores podría ascender a nivel superior a 6 de cada 10 accesos fijos, revirtiendo el escenario de 4 de 10 (40.9%) que se registró durante el tercer trimestre de 2017.”
A pesar de que con la separación funcional se conservan todos y cada uno de los derechos laborales de los trabajadores de Telmex (dicho por la propia empresa), ha existido una fuerte resistencia por parte del sindicato para que se cumpla con lo ordenado por el IFT. Incluso con amenazas de huelga que no se han dado.
El tema de la separación funcional cobra relevancia porque ya pasó más de un año de la resolución del IFT y no ha ocurrido nada. El plazo vence en el primer trimestre del año entrante, así que el regulador tendrá que estar vigilante de que la empresa cumpla con la regulación emitida, sobre todo a la luz de la revisión de preponderancia de los agentes económicos.
En otro tema. Impresionante, el dato que reveló el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, al decir que la evasión fiscal representa 4 puntos del PIB, lo que equivale a un billón de pesos. Con ese dinero, el Gobierno podría financiar muchos proyectos y programas. Esperemos que, además de crecer la base fiscal, la SHCP se ponga la pilas para evitar la evasión.
