2020.01.07
Como algunos de ustedes recordarán, el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió en febrero del 2017 que dado que las medidas que había establecido a América Móvil, en su calidad de agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones, en específico en materia de desagregación de la red local de Telmex, no habían funcionado para impulsar una mayor penetración de los servicios de telecomunicaciones, de manera particular, la banda ancha fija, resultaba necesario imponerle una nueva obligación, prevista por el poder reformador de la Constitución en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica: la separación funcional.
En telecomunicaciones, la separación funcional es una medida que se establece para obligar a un operador a separar sus actividades mayoristas de las minoristas, de manera tal de que existan garantías de que el trato que se otorga a sí mismo en materia de uso de su red de acceso local, se lo otorgue a los competidores que podrían usar esa misma red de acceso local para ofrecer servicios de telecomunicaciones. Este medida llega a requerirse cuando se acredita que el operador que tiene la red más grande no se ha comportado de manera competitiva y ha evitado otorgar a sus competidores de manera oportuna el acceso que solicitan a su red y en condiciones tarifarias razonables y equitativas. En esencia, eso es lo que el IFT detectó en el caso de Telmex y por ello decidió imponerle esa medida.
Se trata de una medida regulatoria que no despierta mayor interés en la población por el hecho de que implica sumergirse en las complejidades de un mercado que por naturaleza no funciona en condiciones de competencia. De la misma manera, se trata de una medida cuya importancia es poco comprendida en el ámbito político, de cualquier país.
Por ello, no sorprende que en el caso de México, Telmex haya recurrido al sindicato que aglutina a sus trabajadores, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), como lo hizo a principios de la primera década de este siglo, para tratar de presionar a las autoridades a través de amenazas de huelga en la prestación de un servicio público, ahora con el propósito de frenar la separación funcional que se supone se encuentra en proceso de instrumentación.
A fines de enero, se vence el plazo que el IFT estableció para que Telmex lleve a cabo la transferencia de personal a la nueva empresa mayorista. Se trata de una etapa que el STRM ha pretendido torpedear vía la Secretaría de Gobernación, a quien ya sorprendieron con la idea de crear una mesa intersecretarial, a la que incluso se convoca a funcionarios del IFT sin el menor recato de no tener un fundamento legal para ello, para analizar el “problema” que implica la separación funcional, decisión que corresponde única y exclusivamente al IFT. Hay que recordar que el ingeniero Slim ya declaró, en octubre pasado, que la solución es sencilla, que incluso podría generarle mayor volumen de negocio.
Habrá que estar atentos a ver qué ocurre con este plazo para la transferencia de empleados a fin de mes, y con ello con la separación funcional, a pocos días de que concluya la gestión del comisionado Gabriel Contreras como presidente del IFT. No olvidemos que el objetivo es lograr que crezca el número de mexicanos conectados.
