Varios temas, de la mayor relevancia, han acontecido en los últimos días. Aquí las claves para entenderlos:
Telmex-Dish, multados luego de seis años de espera: Sorprendió la sanción que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso a Telmex por su relación con Dish. La sorpresa fue doble: primero, pues luego de esperar seis años para una decisión del regulador de las telecomunicaciones —más de dos años en Cofetel y casi cuatro en IFT— nadie esperaba que el tema fuera a avanzar. Y, segundo, porque la multa fue de muy poca cuantía (5.3 millones de pesos) tomando en cuenta que Telmex factura $100,000 millones de pesos al año. Así, por haber violado su título de concesión, el IFT lo sancionó con una multa que representa apenas un 0.0009% de los ingresos que obtuvo durante los más de cinco años (noviembre de 2008 a agosto de 2014) en los que prestó servicios de televisión al público, en contravención a lo establecido en su título de concesión.
Sin embargo, luego de esta decisión surgen dos interrogantes importantes: ¿Telmex podrá continuar su relación con Dish? Y, ya que se sancionó a Telmex, ¿cuál será la sanción para el otro concesionario, Dish, que violó la legislación de Telecomunicaciones? En estricto sentido jurídico todo apuntaría a que este último debería de perder su concesión toda vez que violó de manera expresa la Constitución. Y es que el Decreto de reforma constitucional de 2013 señala, en su artículo Octavo transitorio, fracción I, párrafo tercero, que el concesionario que ayude al preponderante —América Móvil (AMX), con sus empresas Telmex y Telcel— a beneficiarse de la gratuidad de las señales radiodifundidas, será sancionado con la pérdida de su concesión.
Habrá que revisar la resolución del IFT pues al parecer resolvieron todo bajo el marco jurídico previo a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones que entró en vigor en agosto de 2014, lo que haría que las sanciones fueran menos fuertes. Para ello, Telmex supuestamente habría acreditado ante el IFT que, después de casi seis años de violar su título de concesión, y a escasos días de que entrara en vigor la nueva Ley —que sanciona a los operadores con base en sus ingresos— habría dejado sin efecto alguno, los contratos que tenía celebrados con Dish desde 2008 para explotar la concesión de TV de paga de ésta última.
El efecto que tendrá la decisión del IFT es que retrasa el ingreso de AMX, particularmente Telmex, a la convergencia de servicios (dar video) pues tendrá que esperar, al menos, 18 meses para demostrarle al Instituto que está en cumplimiento de todas sus obligaciones (legales, administrativas y de preponderancia), esto según el artículo Décimo transitorio de la Ley de Telecomunicaciones.
Si bien Telmex actuó indebidamente y escondió información de su relación con Dish, tanto a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y a la Cofetel, así como al IFT, el que las denuncias de Televisa, Azteca, Telefónica y Total Play hayan tardado tanto tiempo en ser resueltas, le hace a Telmex jugar algo parecido a “serpientes y escaleras”: ahora baja varios niveles respecto de la expectativa que tenía para dar video.
Los errores e intereses detrás de los “Derechos de las Audiencias”: Es una pena que un tema que pudiera ser tan sencillo de operar y regular, como los “Derechos de las Audiencias” se haya complicado de sobremanera todos estos años. El tema inició mal, y hasta inconstitucionales son, dado que en la discusión en la reforma en telecomunicaciones de 2013-2014 fue ilegal. Quien entonces era el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados e integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Silvano Aureoles (PRD), hoy gobernador de Michoacán, lo ingresó para votación del Pleno de la Cámara sin haber antes pasado por las Comisiones Dictaminadoras de Puntos Constitucionales, Comunicaciones, Radio y Televisión, que estaban analizando el tema. Así que, al violar todo el proceso legislativo, estos derechos son vulnerables judicialmente. Pero el PRD tenía, desde entonces, ganas de sobre-regular a los medios electrónicos.
Cuando dos años después el IFT publica sus lineamientos de las audiencias, fue evidente que en la teoría sonaban bien, pero en la práctica no. También es un atentado a la libertad de expresión pedir a todos los comunicadores de medios electrónicos que distingan entre “información” y “opinión” en cada tema que aborden. Es imposible y parece absurdo que sean sancionados por ello y con hasta 3% de los ingresos de cada concesionario. Sin lugar a dudas, esto podría convertirse en un instrumento para modular la información incómoda para el gobierno. Además, estos lineamientos sólo son aplicables a medios nacionales, no a los extranjeros, con lo que parecía una censura dirigida a los medios que opinan solamente de política nacional.
Luego de reacciones muy negativas ante estos lineamientos (por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV, Radio Independiente, la Iglesia Católica, varios partidos políticos y no pocos comunicadores) el Senado y el Presidente de la República interpusieron controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar en claro que ellos no tenían intención de censurar a los medios nacionales. El IFT, en un acto de prudencia y luego de sentir la animadversión que generaron sus lineamientos, decidió suspenderlos para que la Corte los revisara.
En días pasados, el único actor político que no había dado luz en el tema, la Cámara de Diputados, decidió avanzar un proyecto que, dejando casi intactos los Derechos de las Audiencias, sólo elimina el diferencial entre información y opinión, y el trato diferenciado entre los medios nacionales y los extranjeros (quedando vigente la supervisión en noticieros de la adquisición indebida de propaganda para partidos y candidatos, pues esta viene en la Ley Electoral). Será muy positivo si en eso queda la reforma de los diputados del PAN, PRI, PVEM y MC pues desaparece la censura oficial sobre los informativos y, a la vez, purga la inconstitucionalidad que cometió el PRD durante la aprobación original de los Derechos de las Audiencias en 2014. Esto es algo que todos los medios saben, pero han guardado en reserva para poder impugnar las multas que les quisiera poner el IFT.
Por cierto, “las audiencias” ven con desinterés el tema. Las más de 1,226 estaciones comerciales de radio y TV tienen ya defensores de las audiencias y un proceso normado desde hace dos años y medio lo cual se realizó en acatamiento a los plazos establecidos en la LFTR para recibir quejas del público. Con millones de horas transmitidas, apenas se han recibido 200 quejas. La mayoría respecto a anuncios y no sobre contenidos, con lo que han sido improcedentes.
Con lo anterior, parecería que el tema sólo es relevante para aquellos que buscan censurar la información y a los comunicadores de medios electrónicos. Por cierto, no hay mejor defensa de las audiencias que darles muchas estaciones de radio y TV, con varios géneros de programación y con estilos de comunicadores distintos para que, con el simple movimiento de un dedo, ellos decidan a quién apagar y a quién ver. Cualquier otra cosa es pura burocracia.
Más dudas sobre quién está detrás de Tecnoradio: La especulación sobre el principal ganador de la última licitación de radio sigue creciendo. Sólo atinan a deslindarse quienes dicen que ya no están: el director del Instituto Mexicano de la Radio, Carlos Lara; los ganadores del contrato de la SCT para fabricar 6.5 millones de televisores digitales, Diamond Electronics; y —apenas el pasado jueves— Adrián Pereda, unos de los dueños de Grupo Radiorama (por cierto, estos tres con puros dichos y sin ningún documento de por medio).
Las dudas siguen siendo, ¿quién está detrás de Tecnoradio y de dónde consiguió $288 millones de pesos para quedarse con 37 estaciones de radio? ¿Por qué elevó en un 3,400% los valores de referencia del IFT? ¿De dónde sacará los otros $300 millones para montar las antenas y su infraestructura para operar? ¿Pretende —con lo que ya pagaron — elevar los costos de los refrendos de toda la radio, para que las 400 estaciones de radio locales no afiliadas a grupos nacionales, no puedan pagar y tengan que vender?
Don Adrián Pereda, uno de los socios de Radiorama, al decirnos que ni él “ni ninguno de los miembros de mi familia” está en Tecnoradio apunta a que ¿otros miembros de Radiorama sí están detrás de la operación? ¿Por qué no señala, ni siquiera tímidamente, que Radiorama no tiene que ver en Tecnoradio? ¿Nos está diciendo entre líneas que sus socios están en Tecnoradio? Toda vez que ya decidió hablar del tema en medios, quizá diga lo que sabe a los funcionarios del IFT. El tema pronto se va a esclarecer y muchos van a quedar mal parados.
