Antier concluyeron los Juegos Olímpicos (JO) de Río de Janeiro (2016) y hay mucha información entorno a la cobertura de los mismos. En México, América Móvil (AMX, mejor conocida por sus marcas Telcel-Telmex), fue la empresa a la que el Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó la licencia de los derechos de transmisión de estos juegos.
En marzo de 2013, AMX informó a la Bolsa Mexicana de Valores que había obtenido en exclusiva los derechos de transmisión para toda América Latina —salvo Brasil— tanto de los JO de invierno en Sochi, Rusia (2014), como los de Río, Brasil. Desde entonces, AMX no ha informado cuánto pagó por dicha licencia, sin embargo, estimaciones señalan que por los derechos en México de ambas justas deportivas pagó 100 millones de dólares.
Una vez que obtuvo estos derechos, y para cumplir con los compromisos de máxima cobertura en televisión abierta, AMX tuvo que buscar acuerdos con la TV pública. De lo contrario, hubiera sido multado por el COI.
Para las operadoras de TV del Gobierno Federal —Canal 11, el canal del Politécnico Nacional, y el Canal 22 de Conaculta— la transmisión de los JO de verano les dio como resultado tres veces más audiencia de la que generalmente tienen, esto es, empezaron a “pintar” en los ratings y mediciones de la TV nacional.
Las últimas mediciones de audiencia, junto con las encuestas que ha hecho públicas el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dejan ver la falta de alcance que tiene la TV pública nacional. Se puede afirmar que tanto el Canal 11, como el Canal 22, salvo cuando tiene este tipo de coberturas olímpicas, son inexistentes.
A pesar de que hayan ampliado su nivel de audiencia, ésta acabó siendo marginal. Por ejemplo, ¿quién se enteró que el sábado tanto el Presidente de la República, como el Secretario de la Defensa Nacional, felicitaron a los medallistas olímpicos en el Canal 22? Casi nadie, y no hay referencia alguna en la prensa.
De hecho, los indicadores de audiencia señalan que muy pocos vieron los JO en México. Incluso la felicitación presidencial —en programa estelar el día en que se ganaron dos medallas— fue vista por 532 mil personas, mientras que en Londres 2012 el mismo tipo de programa, con un medallista y en un mismo horario, hizo que Televisa y TV Azteca juntasen una audiencia de más de 11 millones.
Lo mismo pasó con la inauguración de los JO. En Londres, Televisa y TV Azteca promediaron 23.8 millones de televidentes en esta ceremonia. Cuatro años después, los canales 11 y 22 apenas juntaron 4.7 millones. Sí, 2016 es para la TV pública todo un récord, pero éste acabó siendo cinco veces menor que la audiencia que había generado la TV privada en 2012.
Ahora bien, el costo de haber crecido en audiencia puede salirle caro al Canal 22, luego de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) hiciera público el convenio que firmó con AMX, convenio que, por cierto, el Canal había decidido ocultar.
Y es que el Canal 22 se ha puesto en el supuesto de revocación de concesión pues, contrario a lo que establece su título de concesión y el artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cedió sus derechos de comercialización a un tercero: AMX.
El convenio entre el Canal 22 y AMX establece que el primero, como sublicenciatario, “pagará a AMX en especie, consistente en el otorgamiento de tiempo aire para la exhibición de espacios publicitarios (anuncios) ya sean para uso de AMX o bien a favor de terceros anunciantes, en los términos y condiciones que AMX convenga a su entera discreción con terceros y a lo cual el sublicenciatario se obliga a pautar todos y cada uno de los espacios publicitarios dentro de la señal de televisión abierta concesionada……de Canal 22”. La cita es textual.
Así, quien entró a comercializar los derechos de la concesión de TV del Canal 22 fue AMX, algo que expresamente la Ley prohíbe y de lo que el Canal 22 ni siquiera intentó someter a consideración del IFT.
La directiva de Canal 22 ha dicho que lo que hizo —a pesar de lo que dice el convenio— fue un esfuerzo de venta comercial conjunta con AMX. Si esto es cierto, sería aún peor para el Canal 22 pues en el mismo convenio se estableció que AMX se quedaría con el 95% de la venta publicitaria de la señal, es decir, que apenas le tocaría al Canal 22 un “5% de la totalidad de los ingresos efectivamente recibidos por AMX por virtud de los espacios publicitarios”. Otra vez una increíble cita textual de este documento. ¡Una sociedad del 5% para el canal gubernamental por sus espacios publicitarios y 95% para la telefónica!
Así, en resumen, se podría decir que:
1) AMX fue hábil para evitar ser sancionada por el Comité Olímpico al sublicenciar los derechos de transmisión de los JO a la TV pública, con lo que alcanzó la cobertura nacional requerida, (el Gobierno Federal le acabó haciendo un gran favor) y, claro, con lo que se “llevó al baile” al Canal 22.
2) La audiencia inaugural de los JO de 2016 en la TV nacional fue cinco veces menor a la registrada en 2012, lo que ha hecho que patrocinadores oficiales de éstos tengan que buscar campañas de publicidad alternas pues no lograron en la TV, ni en aplicaciones de Internet, el “alcance” de audiencias deseado. Para el COI seguramente haber perdido tanta audiencia será un tema de análisis.
3) La TV pública sí llegó a su mejor audiencia, pero ésta aún dista mucho de la TV comercial, lo que la convierte en una audiencia marginal. Lo anterior, nos debe llevar a reflexionar y a apoyar más decididamente a la TV pública nacional.
4) Es inaudito e inexplicable que para llegar a una audiencia marginal el Canal 22 —el canal de la cultura y de los intelectuales— haya cedido los derechos de su concesión al conglomerado de empresas más grande del país. Pareciera que se vendió y, además, por muy poco. Si México fuera un país de leyes, el convenio entre el Canal 22 y AMX nunca se hubiera firmado como se firmó y no habría habido la necesidad de esconderlo.
5) Una política coherente para la TV pública nacional, dizque coordinada por la nueva Secretaría de Cultura (federal), es inexistente. El Inai actuó bien y dio la oportunidad de conocer documentos que algunos servidores públicos quisieron esconder. Falta por ver que hará el IFT.
