2018-06-13
Hace algunos días, los señores Anthony Wood y Matthew Anderson, Director General y Director de Mercadotecnia de Roku, Inc. (Roku) estuvieron muy activos en medios tratando de convencer a la opinión pública de que la orden del 38º Juez Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual se suspendió la importación, distribución y venta del dispositivo de Roku en México, es ilícita y viola el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nada más alejado de la realidad. Roku y sus distribuidores llevan más de un año tratando de tirar dicha suspensión, misma que ha sido ratificada por jueces y magistrados, locales y federales.
Pero vayamos al fondo del problema. Roku, a diferencia de dispositivos y plataformas similares que permiten desde hace años la descarga de contenido audiovisual a través de internet, como Apple TV, Amazon Fire TV, Google Play en los televisores inteligentes con el sistema operativo Android y muchos otros, encontró un diferenciador comercial que le permitió entrar al mercado mexicano con éxito y generar un crecimiento exponencial: un sistema abierto que permitiera la descarga de todo tipo de contenido, ya sea legal o ilegal. Muy probablemente usted conozca a alguien con un dispositivo Roku y habrá notado que a través de él se podía acceder a infinidad de canales de televisión, mexicanos y extranjeros, ver series cuyos titulares las han licenciado sólo para ciertas plataformas y en ciertos territorios, o, de plano, ver películas antes de que éstas llegaran a los cines. Esta facilidad de acceso indiscriminado a contenidos -muchas veces obtenidos de manera ilícita-, hizo que el dispositivo de Roku se vendiera en grandes volúmenes, probablemente incluso por encima del crecimiento promedio de las plataformas legales. Evidentemente, el sistema abierto de Roku es su gran diferenciador de mercado y facilita al usuario el acceso a contenidos que de otra manera tendría que ver a través de diversas plataformas de paga, como Netflix, Fox Play, Blim, Claro o Amazon. Sin duda, acceder desde un solo dispositivo y sin necesidad de contratar con cada plataforma en lo individual es algo que el usuario encuentra cómodo…. y barato.
Sí, el acceso a contenidos a través de Roku suele ser más barato que contratarlos con las plataformas legales, y es natural, éstas últimas pagan derechos de autor a toda una cadena de producción de contenidos culturales, mientras los accesos a contenido pirata no pagan nada. Por ello, además de ser un delito, la comercialización de contenido pirata constituye una práctica desleal de comercio frente a las plataformas legales. Roku afirma realizar mejoras tecnológicas constantes a su plataforma, de tal manera que pueda detectar el contenido pirata. Sin embargo, sigue reconociendo que su plataforma aún es vulnerable. En mi opinión, Roku pretende mantener su diferenciador de mercado y el acceso abierto a contenidos de toda naturaleza y, al mismo tiempo, aparentar que hace esfuerzos por proteger los derechos de autor de las industrias creativas. De otra manera no me explico por qué les cuesta tanto trabajo lograr lo que Apple TV, Amazon Fire, Google Play y otros han logrado desde hace tiempo: impedir el uso de sus dispositivos y plataformas para acceder a contenido pirata.
De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, Roku tiene 1.1 millones de usuarios en el país, de los cuales el 40% lo utiliza para ver contenido pirata. Por su parte, la Motion Picture Association informó que sólo en 2016, los 172 sitios piratas más grandes en idioma español recibieron mil millones de visitas desde México. Sin duda, el combate a la piratería y el fomento de la cultura de la legalidad es un reto muy importante para nuestro país. Ayer, después de una entrevista radiofónica sobre este tema, recibí una mención en Twitter de una persona que en pocas palabras decía: “¿si los políticos roban por qué el pueblo no? Contesto ahora. La única forma de mejorar la calidad de vida de los mexicanos es el respeto irrestricto a la ley, y si alguien facilita la comisión de hechos ilícitos, ya sea por acción u omisión, debe responder por ello ante la ley. Respaldemos las acciones y decisiones del poder judicial de México.