Como ya es ampliamente conocido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolverá en breve sobre el sustituto de la prohibición temporal al agente preponderante para cobrar por la terminación de tráfico en sus redes, establecida por el Congreso de la Unión en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), medida sobre la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que el Poder Legislativo había invadido facultades del órgano regulador y que por tanto dejará de estar en vigor al terminar el presente año.
Pues bien, en este contexto se inscriben las declaraciones que hiciera Carlos Slim para cuestionar las inversiones que realizan en México operadores como AT&T y Telefónica. Según lo que reportan diversos diarios, el mayor accionista de América Móvil o quien tiene el control accionario de este grupo, habría señalado que esos operadores “quieren montarse en la red de Telcel y Telmex, y que no invierten en infraestructura lo que deberían invertir. Eso tiene a México como el país de menor penetración en telecomunicaciones en América Latina”.
En primer lugar, habría que señalar que desde 1997 hasta el día de hoy Telmex y Telcel no invirtieron en México lo que deberían haber invertido. Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como la extinta Comisión Federal de Competencia mostraron en su momento que estas dos empresas invertían en promedio, como proporción de sus ingresos, muy por debajo de lo que invertían empresas similares en países donde sí podía considerarse que existían condiciones de competencia efectiva. En los años recientes, ello no ha variado en forma significativa.
Por otro lado, está ampliamente demostrado que es ineficiente desde el punto de vista económico que los competidores pretendan duplicar la infraestructura que ya desplegó el operador incumbente, el que ya estaba ahí en el mercado cuando llegó la competencia. Así que lo que resulta recomendable es que se enfoquen a invertir en aquella infraestructura que no duplique la del incumbente. Sólo que para que sea rentable invertir en este tipo de infraestructura, se debe tener la certidumbre de que el incumbente no incurrirá en un comportamiento estratégico u oportunista para negarle a los competidores que su infraestructura y la del incumbente se puedan interconectar en forma oportuna, eficaz y a precios razonables. Si esta certidumbre no existe, no tiene sentido económico comprometer grandes cantidades de recursos para desplegar una infraestructura que lejos de convertirse en una fuente de negocio, se convertirá en un pesado lastre para quien tome una decisión así.
Lamentablemente, en México no habían existido esas condiciones de certidumbre, hasta antes de la reforma constitucional y particularmente de la LFTR. Por ello, no sólo hemos sido, desde antes de la reforma, uno de los países con mayor nivel de concentración en Latinoamérica, sino peor aún, a nivel mundial. Ese elevado nivel de concentración permitió a Telmex y Telcel imponer su voluntad en el mercado mexicano, lo que se tradujo durante muchos años en elevados precios y calidad en los servicios por debajo de lo que obtenían los usuarios en otros países.
La regulación de América Móvil como agente preponderante, junto con la imposición por virtud de la LFTR de la prohibición temporal de cobro por la terminación de tráfico en su red (tarifa cero) y la de discriminar en el cobro de las llamadas según la red de destino de las mismas (que daba lugar al efecto club) contribuyeron en gran medida a que cayeran los precios de manera significativa en México y que los demás operadores incrementaran de manera importante sus niveles de inversión en México.
Desmantelar ese conjunto de medidas puede significar regresar al pasado, a ese donde el preponderante imponía su voluntad. No hay que ser ilusos o inocentes.
