La semana pasada, le comentaba en este espacio que existe información en el sentido de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quiere usar a la Banca de Desarrollo del gobierno federal para garantizar los créditos que tome el elegido para construir la red compartida mayorista. Dije también que esto desnaturalizaría el modelo de asociación público-privada que la Constitución obliga a utilizar en la construcción y operación de esta red, porque el Estado Mexicano estaría asumiendo todos los riesgos y algún particular recibiría todas las ganancias… de haberlas.
Y es que el planteamiento mismo de la red compartida mayorista adolece de un grave error de origen que, a mi parecer, la hace económicamente inviable. De conformidad con la Constitución, la red compartida mayorista sólo le puede vender sus servicios a otros concesionarios y permisionarios de telecomunicaciones, y una red de esa magnitud requiere de muchos millones de minutos de tráfico y de una cantidad inmensa de consumo de datos para siquiera recuperar la inversión planeada, que asciende a cuando menos 7,000 millones de dólares.
De conformidad con la estructura actual del mercado, sólo Telcel, Telefónica y AT&T tienen el tráfico que podría hacer viable a la red compartida, pero también tienen sus propias redes operando, por lo que la necesidad que tendrían de utilizar los servicios de la red compartida mayorista es muy cuestionable. De ahí que para tratar de cumplir con esta necedad de los panistas del Pacto por México, la SCT esté regalando el uso de la banda de 700 MHz a 10% de su valor de mercado, intentando garantizar los créditos con los que se construiría la red, y ahora, restringiendo el abasto de espectro radioeléctrico para los operadores, con el ánimo de crear una demanda artificial de espectro que los fuerce a utilizar la red compartida.
Para esto último, y no para los pretextos tontos que nos han dado, es que a finales de la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a petición expresa de la SCT, decidió no licitar la banda de 2.5 GHz que lleva años sin utilizarse y que es primordial para mejorar los pésimos servicios de telefonía y banda ancha móvil que hoy padecemos. Para explicar mejor la gravedad de esta desacertada política de restricción del espectro, basta decir que esta banda es indispensable para que la comunicación no se corte dentro de edificios y para que la calidad de los servicios que prestan Telcel, Telefónica y AT&T mejoren substancialmente. Tanto la SCT como el IFT deberían trabajar para el usuario, pero parece que sus prioridades son otras.
Cambiando de tema, el lunes pasado inició el nuevo modelo de comunicación y entretenimiento de Televisa que seguramente dará mucho de que hablar. Ante los nuevos retos que las redes sociales y el Internet plantean para la televisión abierta, la renovación de los formatos de los noticieros tradicionales era sin duda una necesidad. Ya no basta leer noticias y comunicados ante una audiencia cada día más exigente y escéptica. El noticiero de Denise Maerker en el horario estelar del canal con mayor audiencia del país me sorprendió por incisivo y crítico del poder y los poderosos. Su reportaje sobre el desvío de recursos federales desde la Cámara de Diputados a un narcotraficante seguramente tiene preocupados a muchos. La dureza de Carlos Loret en su entrevista al gobernador de Chihuahua me dejó claro que el tiempo de las complacencias ha terminado por completo. La sátira política combinada con entretenimiento del programa de Arath de la Torre emula a gigantes de la comunicación moderna, como John Oliver.
No cabe duda de que la competencia de las nuevas tecnologías y la apertura y pluralidad que éstas ofrecen siempre serán un acicate para que las empresas de comunicación mejoren sus contenidos a favor de la audiencia. En un mundo lleno de ruido, los medios tradicionales deben ofrecer calidad, análisis y credibilidad; sólo así lograrán mantener su liderazgo.
