Javier Orozco Gómez | Milenio | 7 de Septiembre 2015
Han transcurrido ocho años sin que se expida la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica; sin embargo, en diciembre de 2013 la Cámara de Diputados logró, por mayoría, sacar adelante tal legislación, y desde entonces fue enviada al Senado.
Todo parecía indicar que el lunes pasado las Comisiones de Gobernación y Justicia dictaminarían la Ley de Réplica, que fue muy cuidada para no ser calificada de “censora” al proteger la denominada crítica periodística (recurrente en columnas, editoriales o programas de opinión); para ello, quedó claro que solo procedía la réplica por información falsa o inexacta.
Los sujetos obligados serían los medios de comunicación (impresos y electrónicos), agencias de noticias y productores independientes; de aprobarse, frenaría los intentos por interpretar la réplica de manera parcial o, peor aún, regularla en normas donde no tiene cabida o que sea aplicable a un solo tipo de medios; es decir, se requiere de una ley específica.
Es natural que existan opiniones en contra —que se expresan libremente— y señalen que el proyecto es excesivo en sus términos, que debe referirse solo a agravios y hasta que exista réplica contra promocionales del gobierno.
Bien lo dijo Carlos Marín hace unos días, al ser entrevistado en W Radio, que en ocasiones se llega a perjudicar a muchas personas justificándose en la libertad de expresión, y que lo mínimo que se le puede dar a esa gente es que puedan dar su versión (réplica), naturalmente, probando que hay inexactitud o falsedad en lo dicho.
En síntesis: no existen pretextos, plazos eternos, imprecisiones, ni locuras en el proyecto de réplica, y menos excusas para no aprobarlo.