Javier Orozco | Milenio | 28 de Septiembre 2015
Esta semana el Senado votará la Ley de Réplica, que ha sido aprobada —por mayoría— en comisiones; es decir, no existe un consenso pleno, como tampoco lo hubo en la Cámara de Diputados; en la práctica parlamentaria no necesariamente todo sale por unanimidad.
Lo que llama la atención son los opositores al tema, principalmente legisladores de izquierda y unos panistas desorientados; es su insistencia en tópicos que solo buscan un beneficio político y tratan de desorientar a la opinión pública.
Un ejemplo es la forma en que conciben la réplica: por la simple mención de una persona, buscan que el medio abra espacios para este ejercicio, y no les basta que sea con el mismo tiempo, programa o página y extensión, sino que quieren que sea el triple de espacio si es de naturaleza política. Suponen, por su inclinación de partido, que en materia electoral debe existir un trato diferenciado.
Que quede claro: el derecho de réplica, fundamental, puede ser ejercido por cualquier persona; la Constitución no hace distinciones entre particulares o políticos, a ambos les asiste el mismo derecho.
Por ello resulta ilógico que se pidan tratos especiales para partidos o candidatos: ¿qué los hace diferentes o privilegiados en relación con cualquier persona?
La réplica que está a discusión respeta la libertad de expresión y se aplicará cuando sin sustento se den datos falsos o inexactos que causen agravio, no por cualquier información, ya que obstruiría el ejercicio periodístico.
En síntesis no puede ser un mecanismo para abrir más espacios gratuitos a políticos, sino una herramienta de defensa para cualquier persona.