2018-09-18
La semana pasada me referí a la inminente aprobación de la reducción en las remuneraciones de los servidores públicos que estaba por ocurrir en la Cámara de Diputados. Pues bien, el jueves pasado, el pleno de la Cámara Baja aprobó una minuta que el Senado de la República había remitido en noviembre del 2011, por lo que es de esperarse que se convierta en ley en breve. En esa colaboración hablé de que hay que tener cuidado con los efectos no deseados que pueden resultar de aprobar medidas como ésta, particularmente cuando no se hace una reflexión con rigor sobre los pros y contras de este tipo de políticas.
Con esta ley sobre remuneraciones de los servidores públicos, es un hecho que habrá una reducción en las percepciones que reciben no sólo los funcionarios del Poder Ejecutivo, sino también, como habíamos dicho la semana pasada, los servidores públicos de órganos autónomos como la Cofece, IFT o INAI. Algunos han hecho notar que la minuta aprobada contempla una excepción para el caso de funcionarios que desempeñen “un trabajo de alta especialización”, sin embargo, sugiero ser cautelosos, pues hay posibilidades de que los propios legisladores de Morena impulsen antes de que concluya este periodo —y se discuta el Paquete Económico para el 2019— algunas modificaciones para adecuar esa nueva ley a los términos de lo que en diversos momentos de la campaña planteó el ahora presidente electo, López Obrador.
Este entorno incierto en materia de salarios para los servidores públicos de los órganos reguladores les provoca un problema que no estaba en el panorama al inicio de este año: la posible pérdida de capital humano, pues, ante una reducción de sueldos, es de esperarse que haya quienes decidan salir de órganos como el IFT. Pero no sólo es la salida de personal capacitado, sino las complicaciones para atraer nuevos elementos, por más que haya quien se empeñe en tratar de desvirtuar los salarios que hoy se pagan en el IFT, simplemente porque no guardan la misma relación que se observa en los salarios que se pagan para los distintos niveles de servidores públicos en la FCC, el regulador de las telecomunicaciones en EU.
A este panorama hay que agregar otros factores que en mi opinión deben generar preocupación. Me refiero a la presión a la que se está sometiendo al Poder Judicial, también en el contexto de la discusión de las remuneraciones, presión que sin duda es extensiva a los tribunales especializados, como los de competencia económica y telecomunicaciones, lo que pudiera llegar a minar su capacidad para revisar de manera efectiva las decisiones de órganos autónomos como Cofece e IFT.
En el contexto de las telecomunicaciones, hay que sumar el hecho al que se refirió un comunicado del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) respecto a la caída en la inversión en el sector telecomunicaciones, impulsada por una reducción de la inversión de América Móvil para el año 2017, a casi la mitad de lo que invirtió en 2016. Parecería que —como se dice coloquialmente— los astros se están alineando para poner en predicamentos la reforma en telecomunicaciones. Por un lado, la posible vulneración de la autonomía del IFT por la pérdida de capacidad para allegarse los mejores cuadros, y por otro, la desaceleración notoria en la inversión del jugador más grande.
Por cierto, se anunció que, el pasado 14 de septiembre, Disney y Fox solicitaron a la Comisión Europea la aprobación de la fusión que acordaron en diciembre del 2017, y que dicha comisión anunciará el 19 de octubre si abre un periodo para investigar si la fusión puede generar daños al mercado europeo de contenidos audiovisuales. Algunos anticipan que dicha investigación sí ocurrirá. Habrá que estar atentos a lo que suceda en México con esta fusión. Por lo pronto, se sabe que tanto Cofece como IFT la están analizando.
