2020.05.29
Vía El Sol de San Luis
El actual régimen de gobierno tiene como principio la llamada austeridad republicana, lo que ha obligado a recortes presupuestales en diversos rubros, así como la reducción de las remuneraciones de los servidores públicos. Otra peculiaridad de este gobierno es la desconfianza sobre la función que ejercen los llamados órganos reguladores en ramas técnicas y económicas, incluso en ocasiones se critica lo “oneroso” de tener tales estructuras y pareciera que se aspira a un modelo donde el gobierno vuelva a tener completo control en esas áreas. Ello ha tenido como consecuencia que, dentro del régimen de pesos y contrapesos, diversos órganos autónomos como el Banco de México, Inegi, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hayan acudido en controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el ánimo de preservar los recursos públicos presupuestales para el adecuado ejercicio de su función, así como mantener el régimen de remuneraciones de su personal especializado.
En las impugnaciones ante la SCJN, los órganos autónomos solicitaron la suspensión del régimen de austeridad previsto en el Presupuesto para 2020, pero les fue negada, salvo al Inegi, ante ello impugnaron y tal parece que la Corte se está decantando por la función y especialidad técnica de los órganos autónomos, al menos por el momento. Hace dos días, la Primera Sala decidió otorgar la suspensión solicitada a la Cofece, en consecuencia, las remuneraciones no se verán afectadas al menos hasta que se resuelva la controversia, y por su parte, confirmó la suspensión otorgada al Inegi. El próximo miércoles, la misma Sala de la Corte resolverá los recursos del Banco de México y del IFT, por lo que, dada la similitud de la materia, presumiblemente se espera que obtengan la suspensión solicitada.
Si bien la votación fue cerrada en los casos de Cofece e Inegi, tres a favor y dos en contra, la mayoría de los ministros advierte como una de las razones por las que una función especializada debe estar bien remunerada, constituye un factor que garantiza independencia frente a intereses privados y políticos. Ligado a lo anterior, estamos viviendo un momento sui génerispara los órganos autónomos; pero partamos de la base de que dichos organismos surgieron a partir de la desconfianza y falta de credibilidad en las tareas que el gobierno desarrollaba en esos ámbitos; y que los propios partidos representados en el Congreso impulsaron su creación mediante acuerdos y lo plasmaron en la Constitución, con el respaldo de las organizaciones civiles y académicas. Al margen de las discrepancias entre las estimaciones económicas del Banco de México y el Ejecutivo Federal, que no es la primera vez, llama la atención que, en uso de una norma de aplicación voluntaria, organizaciones ciudadanas buscan calificar la calidad de las tareas del Instituto Nacional Electoral, quien ha reaccionado sorprendido por el manejo de datos personales y que además cuenta con instancias de supervisión. Así, que quienes en el pasado desconfiaron del gobierno e impulsaron la ciudadanización ahora hacen lo mismo con la autonomía que tanto aplaudieron. Ver para creer.