2021.02.15
Vía El Heraldo de México
El mundo físico y el digital deben ser supervisados por marcos normativos convergentes, tan es así que la Comisión Europea ha afirmado que lo que ya es legal o ilegal en el mundo fuera del internet deberá seguir siéndolo dentro de él.
La evolución de los medios digitales y las redes sociales ha permeado prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida: económica, social, educativa, cultural, informativa, política, etc., estos medios se han convertido en plataformas para la libertad de expresión, la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la información, a la comunicación libre, a la educación, entre otros.
El mundo físico y el digital deben ser supervisados por marcos normativos convergentes, tan es así que la Comisión Europea ha afirmado que lo que ya es legal o ilegal en el mundo fuera del internet deberá seguir siéndolo dentro de él. La revisión del marco legal para las redes sociales advierte sobre la privacidad y el acceso amplio a la información, pero sobre todo por la libertad de expresión.
Garantizar la libertad de expresión deberá ser una de las principales iniciativas para regular los principios y buenas prácticas de las plataformas digitales. Esto compete a casi 77 millones de mexicanos usuarios de redes sociales, es decir el 61% de la población total o el 87.3% de los internautas.
Por ello, la discusión debe ser extendida a todos los agentes involucrados (usuarios, empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobierno) con el propósito de definir mecanismos óptimos, transparentes y legítimos en torno a proteger la libertad de expresión en medios digitales.
La creciente importancia de estos medios digitales para ejercer estos derechos y libertades básicas requiere hace clara la necesidad de repasar los factores que han llevado a la discusión sobre la regulación de estas plataformas. Por ejemplo, los daños por la difusión de mensajes de odio, noticias falsas, ataques a la moral y al orden público, agresiones y vulneraciones a la vida privada y los derechos de terceros y la injerencia sobre los procesos democráticos y electorales alrededor del mundo.
Así como la propuesta de Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, el debate debe ser abierto para asegurar la protección de los derechos fundamentales, como preservar los principios democráticos y erradicar los riesgos sistémicos como la manipulación, la desinformación y los ataques al orden y bienestar público.
Hay que considerar que la regulación y supervisión de estos medios y plataformas digitales será indudablemente una discusión constante, en tanto la tecnología y su adopción continúen modificando los comportamientos de los individuos y afectando esferas de la vida política, económica y social del país.
Nos encontramos en un punto de partida, que deberá sentar las bases para establecer lineamientos necesarios para garantizar los derechos de los usuarios bajo un contexto digital sano para todos.