2021.08.06
Vía El Sol de México
Por lo visto la moda en las instituciones del Estado mexicano es retroceder al pasado, algo así como unos 30 o 40 años, a la época del control, el estatismo y el populismo; que sube el gas, pongo mi gasera; que los Bancos son “voraces”, instauro un Banco; que para que energías limpias y renovables, concentro todo en la Comisión Federal de Electricidad y asi, sucesivamente. Claro, quizá en un futuro volvamos a ver la desincorporación y/o privatización de empresas estatales como en 1983-1988.
Y parece que, de este fenómeno de retroceso, se contagió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y sin importarle el marco legal, el miércoles pasado lleva al sector telecomunicaciones a la litigiosidad y la falta de competencia. Así, como en el pasado.
Contrario a la Constitución y con grave afectación para las condiciones de competencia en el sector, el IFT aprobó darle libertad tarifaria al agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T) en 52 municipios del país, bajo la justificación de que hay competencia y alta penetración en esas demarcaciones, ¿y los otros 2394 municipios del país? ¿Qué pasa si en esos municipios se concentran los ingresos del sector? ¿Se puede centrar el desarrollo de las telecomunicaciones únicamente en esos municipios?
Se dejo de lado el carácter integral y nacional de la preponderancia, así como el mandato constitucional de que el IFT debe actuar de forma que las medidas que imponga garanticen en su conjunto la competencia efectiva.
Poco importaron los argumentos jurídicos, económicos y políticos, también poco intereso la oposición unánime de la industria, ni que será una decisión que afectará a los usuarios, ni que sea una resolución contraria para impulsar la cobertura y competencia en regiones donde los servicios son precarios. Tampoco fue relevante los exiguos avances que han logrado las medidas asimétricas impuestas al AEP-T ni la falta de cumplimiento oportuno a las medidas que le fueron impuestas.
La libertad tarifaria del AEP-T será impugnada en tribunales, pero ante la imposibilidad de suspender sus efectos y dada la duración de los procesos judiciales es posible que la sentencia se de en otro régimen, mientras tanto el daño será devastador y un retroceso respecto de lo que se ha logrado de 2013 a la fecha, esperemos que algunos no vayan a decir que lo anterior “no es falso, pero se exagera”.
En este escenario no debe resultar extraña la posibilidad que desde el Congreso se inicie algún procedimiento de responsabilidades respecto de la actuación de los comisionados que hayan beneficiado al AEP-T, lo que sería inédito ya que no se ha llevado ningún procedimiento de ese tipo y sería el mejor mecanismo de rendición de cuentas ante una decisión tan desafortunada o al menos, que se les llame a comparecer ante el Poder Legislativo y den una respuesta clara y mostrando el rostro.