Federico González Luna Bueno/ El Financiero
Una de las disposiciones más cuestionables de nuestro derecho administrativo está contenida en el artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite que los contratos celebrados entre dependencias y entidades gubernamentales queden fuera del marco legal de transparencia derivado del artículo 134 constitucional.
Esta disposición se originó en 1994 como una medida de ayuda al mercado interno ante la apertura que significaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), salvaguarda que permitía el propio TLCAN.
El sentido que entonces tuvo tal prevención se ha venido tergiversando y, ahora, se trata de una disposición por la que diversas dependencias y entidades evaden el cumplimiento del artículo 134 de la Constitución, misma que por demás es clara en cuanto a que por regla general el uso de los recursos públicos para la adquisición de bienes o servicios se hace por medio de licitación pública.
La asignación directa es una excepción y, por tanto, solamente debe proceder en casos extraordinarios. Desgraciadamente, es grande la capacidad de generar opacidad que a veces muestran muchos servidores públicos y lo que era una excepción ha dejado de serlo. Se tiene ahora, por ejemplo, que es común que dependencias y entidades celebren contratos de prestación de servicios con instituciones académicas públicas, quienes posteriormente subcontratan los propios servicios con particulares, evadiendo tranquilamente la licitación pública.
La industria de las telecomunicaciones también ha sido objeto de estas prácticas. Como es sabido, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con una red troncal de más de 25 mil kilómetros de longitud, construida con subsidios públicos; con esta red, la CFE ha entrado al mercado abierto de las telecomunicaciones disputando clientes a las empresas privadas.
Más allá del cuestionamiento evidente del por qué CFE, empresa paraestatal encargada de la generación y distribución de la energía eléctrica en el país, lleva a cabo la prestación de servicios de telecomunicaciones, se tiene ahora que tal paraestatal no solamente entró a competir de lleno a dicho mercado sino que además lo hace en condiciones que bien podrían considerarse competencia desleal, al celebrar contratos con diversas dependencias y entidades mediante adjudicaciones directas, evitando, ambas partes, la licitación pública como lo dispone el artículo 134 constitucional.
Teórica y legalmente la licitación pública es el mecanismo idóneo para que el Estado obtenga las mejores condiciones de precio y calidad de los bienes y servicios que requiere. Obviar la licitación pública no puede obedecer a dar celeridad a la contratación ni mucho a razones de simplificación.
Por ello, cuando la CFE junto con un buen número de entes públicos ha celebrado de manera directa y recurrente contratos para la prestación de servicios de telecomunicaciones, debemos preguntarnos, en primer lugar, si con ello no se dañó el patrimonio del Estado al evitarse el concurso abierto de los contratos con la libre participación de los demás operadores privados de telecomunicaciones.
Acaba de informar el subsecretario de Comunicaciones de la SCT que la CFE dejará ya de celebrar este tipo de contratos en virtud de que su red troncal será operada por el organismo Telecomunicaciones de México, el cual no prestará servicios a los usuarios finales, como son precisamente los clientes que tan hábilmente ha logrado CFE evitando la licitación pública.
Qué bueno que se propongan medidas que fortalecen la sana competencia; ojalá lleguen a buen puerto y las resistencias que seguramente se presentarán no ganen la batalla. Bien harían muchos servidores públicos en oír con más atención al Presidente Peña Nieto cuando una y otra vez reitera que la nuestra es una economía de libre mercado con orientación social, en la que no tiene cabida -diríamos nosotros- malos hábitos que sólo dan opacidad al ejercicio del gasto y dañan el funcionamiento eficiente de los mercados.
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