Rodrigo Pérez-Alonso
Con el inicio de un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión surgió una ronda de especulaciones sobre el momento, forma y contenido de la legislación secundaria de las reformas constitucionales en materia Energética, de Telecomunicaciones y Competencia Económica, quizá las reformas más significativas en materia económica en los últimos 20 años en nuestro país. Dada la relevancia de las reformas, es natural el ambiente especulativo. Con las reformas se crearon nuevos paradigmas en el sector energético y en la regulación de la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión, todas controladas por grupos de poder monopólico estatal o privado.
Sindicatos, empresas y algunos sectores del gobierno mantuvieron el statu quo por décadas en perjuicio de la economía y competitividad de nuestro país. Con cualquier acción había una resistencia y una reacción de estos grupos, acrecentados por el vacío de poder que dejaron 12 años de relajamiento. El poder del gobierno en un Estado democrático se debe ahora medir en aras del poder de negociación, convencimiento y coerción.
Estas dos reformas serán determinantes para el crecimiento en el sexenio del presidente Peña. En primer lugar, por la temporalidad de la ejecución. Será difícil que la Reforma Educativa, por ejemplo, tenga efectos inmediatos. En cambio, tanto la Reforma Energética como la de Telecomunicaciones rompen de inmediato un paradigma que será clave para el crecimiento, inversión y capacidad de estas industrias: la apertura total a la inversión extranjera y mecanismos de competencia efectiva.
En segundo lugar, por los efectos multiplicadores del crecimiento de estas industrias (la Energética, más que la de Telecomunicaciones). Con mejores precios para los insumos energéticos de la industria y las personas, así como mejores niveles de inversión en exploración, explotación y refinación en los hidrocarburos, la economía se ve favorecida. En las telecomunicaciones, con mayor competencia e inversión en nuevos mercados de publicidad, mejores servicios de telecomunicaciones y mayor innovación.
2013 fue uno de los peores años para la economía de nuestro país, después de la recesión de 2009, causada por la crisis financiera internacional; el crecimiento estimado fue de 1.2%, atribuible a muchos factores, entre ellos la falta de inversión y altos precios en el sector energético, la crisis en el sector de la construcción y vivienda, y el apretamiento en el gasto público en programas de infraestructura. Estas reformas tienen el poder de revertir esta tendencia.
El contenido de las iniciativas que envíe el Presidente en estas materias y las discusiones que se lleven a cabo en el Congreso serán cruciales para cerrar lagunas que se pudiesen prestar a la mañosa interpretación jurídica de aquellos que ven en dichas reformas la ganancia de capital político o la pérdida de poder económico o político. En la medida en que las leyes secundarias plasmen los artículos de la Constitución con mayor detalle, podrán abrir o cerrar una oportunidad histórica.
Por ello surge el cuestionamiento de si las reformas serán relevantes o secundarias. Esperemos lo primero.