En la Cámara de Diputados se ha venido trabajando una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que reivindica los derechos de los comunicadores, sin afectar los derechos de las audiencias.
Si bien los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), procuran contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural del país, lo cierto es que dejan altos grados de discrecionalidad a la autoridad para catalogar o calificar dichos contenidos.
La reforma elimina los límites a la libertad de expresión y el derecho a la información que se pretendían establecer a comunicadores y medios, como el de diferenciar lo que es propiamente información respecto a opinión, o calificar la veracidad y oportunidad. Pero deja a salvo los derechos de las audiencias, quedando toda la regulación aplicable a lo establecido en ley y no a criterios subjetivos.
La reforma en sus términos, impulsada por el Diputado del PAN, Federico Döring, adopta las mejores prácticas y mecanismos internacionales, incluso siguiendo principios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los dimes y diretes sobre que esta reforma afecta los derechos de las audiencias son falsos. Por el contrario, se mantienen medidas sancionatorias sólidas como la suspensión de señales. La diferencia es que la aplicación de ello no queda sujeta a criterios o lineamientos, sino solo a lo establecido por la ley. Esto genera seguridad jurídica para todos los actores involucrados, incluidas, por supuesto, las audiencias.
En otro tema. El sindicato de Telmex ha venido amenazando con que se irá a huelga si no obtiene un 17 por ciento de aumento salarial, por un lado; y por el otro, alega que la separación funcional ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), afecta sus derechos laborales.
Ambas cosas son un absurdo, un aumento de esa naturaleza resulta totalmente fuera de contexto. En el caso de la separación funcional, los derechos laborales quedan intocados. El sindicato está tratando de responsabilizar al IFT de una consecuencia que generó la propia empresa al no dar un acceso eficiente a su infraestructura durante años.
Es separación funcional solamente, no separación legal, que es muy distinto. El regulador lo que está buscando es que los demás operadores tengan mayor facilidad para acceder a la llamada última milla que llega al hogar de todos los mexicanos.
