Cuatro años, una reforma constitucional, un nuevo órgano regulador, dos tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, una Estrategia Digital Nacional, dos agentes económicos preponderantes (uno en Telecomunicaciones y otro en Radiodifusión), una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un apagón analógico, ningún cargo más por larga distancia ni roaming nacional, una nueva cadena de televisión nacional, tres licitaciones de espectro radioeléctrico, un nuevo competidor disruptivo en el mercado móvil y otro en TV de paga.
Estos y otros elementos se han hecho realidad a partir de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, promulgada el 10 junio de 2013.
Definitivamente estamos frente al proceso y suceso más importante en este sector convergente desde la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones y posterior entrada de la competencia, que sin duda ha transformado las bases legales e institucionales conducentes para la competencia efectiva, la conectividad universal y la convergencia tecnológica.
Algunos de sus efectos han sido positivos e inmediatos, tales como la definición y entrada en vigor de derechos a favor de los consumidores (por ejemplo, la consulta gratuita de saldo en prepago, el desbloqueo de equipos terminales y la desaparición de los cargos de larga distancia y roaming nacional), la eliminación de las tarifas de interconexión a favor de los competidores y la implementación del Must Carry/Must Offer, entre otros.
No obstante, desde el lado de los diferentes operadores que participan en los mercados de telecomunicaciones (fijo, móvil y de TV de paga), los beneficios de la Reforma traducidos en mejores condiciones para su operación y consecuente oferta de servicios se han retrasado.
Ello, debido a la aún pendiente aplicación de algunas de las medidas asimétricas de preponderancia que precisamente buscan la reconfiguración de los mercados y la gestación de competencia efectiva.
Por ejemplo, al no haberse materializado efectivamente las medidas de desagregación de la red local y la compartición de infraestructura a más de tres años de su introducción. También resulta que los notables efectos de la tarifa de interconexión cero pagable al preponderante de telecomunicaciones, América Móvil, tienden a desaparecer con la baja aplicable a las tarifas de interconexión correspondientes de pago para esa empresa, cabe reiterar, perdiendo así sus efectos compensatorios.
Lo cierto es que la operación del sector aún se ejecuta sobre una base de persistente y excesiva participación de un solo operador, el preponderante (América Móvil, Telmex-Telcel). Los últimos datos dados a conocer por el IFT indican que la cuota de mercado de este agente económico en suscripciones de telecomunicaciones o Unidades Generadoras de Ingreso, tan sólo ha disminuido 3.8 puntos porcentuales, desde un nivel de 64.8% en junio del 2013 hasta 61.0% en diciembre del 2016.
También es válido referir que, en la experiencia internacional, destacan los casos de EU y Europa, en donde la concreción de los beneficios derivados de la regulación asimétrica no fue inmediata; no existe registro de que la aplicación de medidas similares tuvo éxito en el corto plazo, aproximándose su maduración a plazos en la vecindad de una década.
¿El balance? Varios efectos derivados de la Reforma y una gran externalidad que ha representado la entrada al mercado de AT&T, con una estrategia competitiva de esquemas comerciales agresivos y fuertes inversiones, traduciéndose en beneficios para los consumidores. Aún pendientes de aplicación a cabalidad las medidas mencionadas, así como permitir que en el mercado materialicen sus efectos, por lo que se deben acentuar las medidas y asegurar su aplicación y efectividad en términos de competencia.