Aunque de manera tenue, se dejan ver atisbos totalitarios en los ajustes legales recién aprobados.
Ahora que la euforia causada por la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ha pasado, es tiempo de realizar un análisis profundo de los alcances de ésta y de los atisbos totalitarios que se dejan ver de manera muy tenue, pero que pueden convertirse en gravísimas injerencias indebidas por parte de la partidocracia en las libertades individuales. No debemos olvidar que serán los partidos, a través de sus bancadas en el Congreso de la Unión, los que controlarán la designación de los comisionados del todopoderoso Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Seguramente, más de una pluma está trabajando ya en las iniciativas para la nueva ley convergente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en la cual habrán de incluirse temas tan espinosos como la regulación de contenidos audiovisuales, entendiéndose por tales a la programación, la publicidad y la propaganda.
Con todos sus defectos y su tinte autoritario propio de la época, la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 permitía el pleno ejercicio de la libertad de expresión, con las excepciones establecidas en el Artículo 6 de la Constitución. En ella se establecieron los fines de interés público de la radio y la televisión, pero se evitó de manera contundente la censura previa o la injerencia de calificativos arbitrarios que pudiesen constituir barreras al pleno ejercicio de esta libertad. Los concesionarios y permisionarios podían ser sujetos a sanciones posteriores, pero nunca tenían que someter al arbitrio de la autoridad el contenido de su programación o publicidad antes de su difusión pública.
La reciente reforma en telecomunicaciones parece otorgar atribuciones al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular los contenidos audiovisuales. De igual manera, establece calificativos ambiguos con los que deben cumplir la programación y publicidad que se difunda, tales como oportunidad, pluralidad y veracidad. No queda claro sí estas características de los contenidos deben acreditarse previamente o si serán objeto de sanciones posteriores.
Desafortunadamente, en América Latina existen lamentables ejemplos de cómo los intereses políticos pueden confabularse para callar las voces disidentes. El caso de la Venezuela de Chávez es, sin duda, el más emblemático, pero de ninguna manera es el único. La Argentina de los Kirchner continúa su embate contra los medios que no son afines a su ideología.
La tentación de nuestra clase política por domesticar a los medios de comunicación es bastante evidente. Para ellos será oportuna aquella información que con toda prontitud nos transmita sus grandes esfuerzos en nuestro beneficio; será plural aquella que siempre nos transmita sus sabias palabras, y será veraz siempre que se hable bien de ellos y falsa cuando se saquen a la luz sus trapos sucios.
Estamos aún a tiempo de defender nuestras libertades civiles. Debemos ser extremadamente cuidadosos con la redacción de la ley secundaria que dará vida a la reforma. A través de ella, la reforma puede ser un parteaguas de libertad y desarrollo, o bien un simple pretexto para domesticar voces incómodas. No podemos darnos el lujo de que los partidos nos digan qué debemos ver y qué debemos oír.
