2021.02.05
Vía El Sol de México
Vaya reto que representa la regulación de las redes sociales y las plataformas tecnológicas, no sólo por la salvaguarda de la libertad de expresión e información que se enarbola tanto para justificar su legislación como para mantener su estado actual de autorregulación, sino que existen muchas otras aristas a considerar como serían: la complejidad técnica y operativa de aplicar las disposiciones legales, los alcances y su efectividad al tratarse de empresas extranjeras que pudiesen ampararse en tratados comerciales, así como los alcances que tendría en materia electoral -en especial- para nuestro país.
Es bueno que este debate se esté iniciando en el Senado impulsado por Ricardo Monreal, a fin de que haya una inclusión de todas las voces que permitan construir un adecuado marco legal; esta situación no es propia de México, tanto en Estados Unidos y Europa se han iniciado esfuerzos para que estas empresas tributen adecuadamente, no generen perjuicios a otros agentes económicos, haya esquemas de responsabilidades ante sus usuarios y particularmente se ponderen su actuación en la generación de opinión pública, sobre todo cuando hay elecciones.
Por otra parte, algunos opinan que la regulación de las redes sociales es el acicate previo a las elecciones, donde se valorará la actuación de las mismas (sea que actúen en forma parcial o imparcial), lo que podría ser el detonante para concretar o no su legislación, en ello se aprecia un riesgo si se reitera el restrictivo modelo electoral en radio y televisión, pero ahora llevado al ámbito de las redes sociales, si bien ello podría emparejar y lograr una equidad regulatoria, es un hilo muy fino la regulación de las libertades de la información y comunicación.
