2020.07.03
Vía El Sol de México
Ha sido interesante la posición de poco más de 200 grandes compañías de retirar su publicidad de la red social Facebook en razón de la permisividad para que en esta plataforma se difundan discursos de odio, racismo y de apología a la violencia, esta decisión se da con motivo del movimiento #StopHateForProfit (alto al odio por una ganancia).
Tras el anuncio, Facebook registró una caída del 8.3% en sus acciones, lo que algunos calculan en una reducción de 56 mil millones de dólares del valor de mercado, aunque la red social ha mencionado que no habrá un gran impacto dado que los 100 principales anunciantes representaron menos del 20% de ingresos publicitarios totales.
Sin duda que es interesante lo que están haciendo los anunciantes en redes sociales que, aunque el contexto de la pandemia que vivimos les ha impactado económicamente, han decidido imponerse una autorregulación publicitaria que seguramente ayudará a modular los discursos en las redes sociales.
Pero hoy en día, todo apunta a que las redes sociales tengan una presión mayor que la publicidad, y esa es la política; fenómeno que se está viendo en la campaña presidencial estadounidense, donde las redes caminan en una cuerda muy delgada.
En México, no debemos olvidar que la campaña electoral de 2021, será la más grande de nuestra historia, por lo que es factible se intensifique el debate en el discurso político en redes sociales, dado que algunos políticos discriminan y estigmatizan, si bien en este ámbito pudiese existir una permisividad por la necesidad de un debate álgido y ríspido, también hay límites; ahora más con la violencia política de género.
Esta experiencia comercial a nivel internacional, debe poner -también- en claro, que la guerra sucia en la política está en las redes sociales, no en la radiodifusión, ni en impresos.
Algo está pasando en los tribunales especializados en telecomunicaciones, los operadores del sector denuncian ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones el incumplimiento de las medidas asimétricas impuestas al preponderante, estos procedimientos concluyen sin consecuencia alguna, los asuntos se llevan a juicio para que finalmente se niegue el amparo, el asunto se sobresea o no se resuelve el fondo del tema.
El caso es que nomás no prospera ninguna denuncia por incumplimiento de medidas asimétricas o por violaciones al título de concesión del preponderante, tal parece que siempre está en cabal cumplimiento, sin embargo, los índices de concentración de mercado no bajan; bien valdría la pena que el Consejo de la Judicatura Federal examinara a mayor detalle el funcionamiento de la garantía judicial de los tribunales especializados en esta materia.
