La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que se cancelaba la licitación internacional del proyecto de la llamada “Red Troncal”, previsto en la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 impulsada por el anterior régimen. Cabe señalar -que desde- que el actual gobierno anunció la creación de una empresa pública que prestaría el servicio de internet (CFE Telecomunicaciones e Internet para todos) usando precisamente la infraestructura de lo que sería la Red Troncal, era altamente previsible que el proyecto se cancelara.
La justificación de la cancelación de la Red Troncal se alinea con la premisa de que resulta necesario replantear el modelo a los objetivos del gobierno actual, que busca prestar el servicio de Internet a bajo costo en comunidades sin acceso, lo que es parte del “nuevo proyecto de Nación”.
Cabe decir que dicha Red no logró cuajar en la administración pasada y que en esta finalmente se apagó, sufrió retrasos y cancelaciones desde que se previó en 2013. En el transcurso, algunas de las empresas que en algún momento trascendió estuvieron interesadas fueron Nokia, Axtel, Ufinet Latam, Geos Telecom, CFCA Telecomm, Prim Eventos, Hogal Lovells, Even Telecom, UC Telecomunicaciones, Total Play, Cisco, ATC Holding y Bicentel, y en algún momento se estimó que el proyecto podría implicar inversiones por 200 millones de dólares.
La decisión de cancelar el proyecto podría tener múltiples aristas:la posible impugnación de los interesados, ya que los inversionistas buscan generar proyectos y tendrán que valorar qué incentivo les deja hacerlo, no obstante, el anuncio contrasta ante la necesidad de que haya mensajes de confianza a la inversión.
También deben cuidarse los detalles jurídicos a fin de que el nuevo proyecto -CFE Telecomunicaciones e Internet para todos- que sustituye de algún modo a la Red Troncal, no vaya a tener contratiempos ni impugnaciones judiciales, lo que se aprecia complejo, ya que es poco probable que algún operador se queje de las decisiones públicas que se adoptan desde el Poder Ejecutivo, pero no debe perderse de vista la posibilidad del litigio estratégico de algunas ONG que han impulsado demandas de amparo en contra de proyectos como el nuevo aeropuerto, la refinería de Dos Bocas o el tren del sureste.
Si bien cada gobierno tiene perspectivas, proyectos y políticas propias para ejecutarlos, lo cierto es que lo ideal hubiera sido reformar aquellas previsiones constitucionales que contemplaban otros supuestos sobre cómo lograr la conectividad digital de las personas, ello da seguridad jurídica y certeza de hacia donde habrán de ir las inversiones y el respeto a la legalidad.
Finalmente, existen opiniones que se han formulado en el sentido de que en un modelo de empresa gubernamental de comunicaciones puede haber resquicios para que haya injerencias indebidas a la privacidad de las personas, tales como uso de datos personales o espionaje, o bien a actos de censura o restricciones a las comunicaciones, así como resolver la cuestión de cómo el Estado se exigirá a sí mismo calidad y eficacia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, sin dejar de lado el costo presupuestal que tendrá el proyecto.
