Gerardo Flores Ramírez | El Economista | 6 de Octubre 2015
El jueves pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicaron las prebases para la licitación de la red compartida mayorista prevista en el marco constitucional a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Se trata de un conjunto de documentos largamente esperados por la industria, inversionistas y analistas, todos interesados en conocer los criterios centrales que utilizarán tanto la SCT como el órgano regulador, para que se asigne tanto el espectro de la banda de 700 MHz que será explotado por esta red, como el contrato de asociación público-privada entre el gobierno federal y el inversionista que resulte ganador de ese concurso público y, por supuesto, para la operación de la red mayorista.
Se trata de un proyecto de enorme complejidad, sobre el que desde hace ya mucho tiempo he expresado mi punto de vista, en el sentido de que veo poco probable que se logren conjuntar varios factores alrededor del mismo: a) que sea rentable; b) que lleve infraestructura de banda ancha a todos los rincones del país; c) que explote la totalidad del espectro asignado en forma eficiente; d) que despliegue la infraestructura que se espera en un periodo de tiempo corto, y e) que no se convierta en una obligación contingente para el gobierno de México, ante la posibilidad de que el ganador decline u opte por no seguir operando el proyecto después de cinco años de haber asumido el compromiso, principalmente.
Ya la semana pasada escribí en este espacio sobre la propuesta de la SCT, el IFT y la SHCP para reducir en forma dramática el monto de los pagos anuales que haría el ente que obtenga la concesión de este valioso espectro. Mencioné que para hacer esa propuesta se estaba tomando como referencia el caso de la subasta más reciente realizada en Alemania, que incluyó entre otras bandas, la de 700 MHz. Algo que no mencioné es el hecho de que para Alemania, la subasta de esta banda representa el segundo dividendo digital, no el primero, como lo será en el caso de México. Así que también hubiera sido conveniente que estas tres autoridades hubieran analizado ese contexto para determinar si para el valor del primer dividendo digital de nuestro país aplicaba una comparación directa con la última subasta alemana. Yo opino que no.
Ahora bien, lo que nos mueve a todos es lograr llevar accesos de banda ancha a todos los mexicanos, ése es el propósito de la red compartida. Mi punto en este tema siempre ha sido reflexionar si la idea de una red compartida mayorista que utilice en forma exclusiva todo el dividendo digital es realmente la forma más eficiente para lograrlo. Sólo el tiempo nos dirá si así fue, o si pudimos haber optado por alternativas distintas.
Resolución del IFT sobre poder sustancial
Como ya es conocido, el pleno del IFT emitió la semana pasada una resolución relativa al mandato que estableció el Congreso de la Unión en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que determinara la existencia de agentes con poder sustancial en los distintos mercados relevantes de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido entre ellos el mercado nacional de audio y video asociado.
En la resolución en cuestión se lee que la Autoridad Investigadora del órgano regulador se mantuvo en proponer al pleno que los proveedores de servicios de video OTT no pueden considerarse como sustitutos cercanos del servicio de audio y video asociado que prestan en México los proveedores tradicionales. Se trata de un análisis que contrasta con el enfoque adoptado ya por diversos reguladores de otros países, entre ellos la FCC de Estados Unidos.