Esta semana es crítica para el proyecto de la Red Compartida, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha dado ya su opinión favorable en materia de competencia económica a los consorcios encabezados por Rivada Networks y Comunicaciones Veta Grande; éstos presentarán mañana sus ofertas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Fiel a su estilo, el IFT se negó a informar cuántos interesados había y quiénes eran, pero la información ya se filtró.
Al respecto, tengo en mis manos el Investment Memorandum de marzo del 2016, elaborado por Bank of America Merrill Lynch a petición de la SCT, el cual hace evidente la manipulación y arbitrariedad con que se ha llevado al cabo todo el proyecto de la Red Compartida. Para cualquier experto en el sector, es claro que el modelo está inflado, lo mismo para los costos que para los ingresos. Por ejemplo, en la página 68 se señala el ingreso que supuestamente la Red Compartida empezará a recibir por megabit en el 2017, el cual es más alto que el que actualmente reciben Telcel, Telefónica y AT&T.
Con la misma lógica, el modelo supone que al cuarto año la Red Compartida tendrá una participación de 14% del tráfico de telecomunicaciones y contempla un crecimiento de suscriptores móviles que no tiene justificación histórica alguna. En la página 73 el modelo estima un costo por cada sitio celular de al menos el triple de los costos en que actualmente incurren los operadores. La comparación de los costos asociados con las distintas frecuencias de la página 48 se hizo como si no hubiera ya inversiones sustanciales en infraestructura física que disminuyen los costos y como si el preponderante, América Móvil, no tuviera la obligación de compartir su infraestructura pasiva a costo incremental promedio de largo plazo. Si bien es cierto que el costo de la cobertura inicial es más bajo, aunque no en la proporción que señala el modelo, éste desconoce por completo que una vez que el consumidor demande capacidad, la ventaja se va a las frecuencias de 2.5 GHz.
Ante la evidente manipulación del modelo, la pregunta obvia es: ¿por qué inflarlo tanto? El costo de la infraestructura estaría en realidad alrededor de los 1,000 millones de dólares, no los 7,000 u 8,000 de los que ha hablado la SCT. Se puede pensar que la Secretaría ha querido sembrar la idea de que el proyecto generará recursos cuantiosos para así justificar gastos exorbitantes. Esto no haría ningún sentido si se tratara de una verdadera Asociación Público Privada en la que el gobierno aporta el espectro y el inversionista privado, todos los recursos para la construcción de la red. Sin embargo, empieza a tener lógica (para los funcionarios públicos que estuvieran involucrados en el negocio) si el inversionista pone recursos mínimos y el propio gobierno, a través de la banca de desarrollo, otorga el financiamiento para la construcción de la red. Ahí ya cuadra todo: recursos públicos, ganancias privadas y moches a discreción.
En todo caso, pronto sabremos si mi teoría es un sueño guajiro o en realidad estamos ante un monumental y complejo asalto al erario. Si en los consorcios aparecen Banobras, Bancomext, Nafin o algún fondo internacional al que se le haya otorgado recursos públicos, los indicios sobre el negocio detrás de la Red Compartida se verían robustecidos.
Por si no fuera poco todo lo anterior, esta semana la SCT salió con la puntada de que si Telcel, Telefónica o AT&T no le compran capacidad a la Red Compartida, ésta puede vender servicios directamente al usuario final. El artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión lo prohíbe expresamente, por lo que este tipo de declaraciones, aunado a la secrecía del IFT, sólo fomentan la especulación. La mula no era arisca, la hicieron a palos. Sólo la completa transparencia y la lógica económica de los proyectos pueden eliminar las suspicacias. Hasta ahora la Red Compartida ha carecido de ambas.