Mañana jueves, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dará a conocer que el consorcio Altán ganó la licitación para la Red Compartida, y cómo no habría de ganarla si es el único postor. Al momento de mandar este artículo, nuestro sistema de impartición de justicia le ha negado toda defensa a Rivada, tras su sorpresiva descalificación del proceso. Probablemente, y ante la denegación de justicia, Rivada demande a México en un panel arbitral al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Éste sería el primero, aunque no el único, de los gastos que nuestro país habrá de afrontar por la irresponsabilidad de los partidos políticos y de los funcionarios públicos que no hacen otra cosa más que buscar oportunidades para el enriquecimiento personal a costa del erario.
Aunque la SCT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han tratado por todos los medios de ocultar información sobre quiénes son realmente los beneficiarios controladores del consorcio Altán, se ha hecho pública información en el sentido de que, a diferencia de Rivada, Altán contará con financiamiento público, con el ahorro de los trabajadores y con recursos provenientes de un extraño fondo creado por los gobiernos de México y China, y que no sabemos quién controla o cuáles son sus criterios de inversión y riesgo.
De las cuentas alegres de la SCT, podemos destacar que la red compartida pretende alcanzar la misma cobertura que ya tienen los operadores privados, aunque para vendernos su negocito quieren hacernos creer que llegará a zonas no atendidas el día de hoy. Si llegara a tener éxito, en el mejor de los casos duplicará la cobertura ya existente de Telcel, Telefónica y AT&T pero, a diferencia de estas empresas privadas, lo hará con un subsidio de miles de millones de dólares en derechos no pagados por el uso del espectro radioeléctrico, además de los recursos de la banca de desarrollo, de las afores y del fondo que el gobierno creó junto con China y que, seguramente, obligará a la Red Compartida a comprar equipos de proveedores chinos, desplazando a empresas de nuestros socios comerciales.
En mi opinión, el negocio de la Red Compartida (para sus promotores) estará en la compra de equipos y no en la prestación de servicios. Recordemos que de acuerdo con la Constitución, la red compartida tiene prohibido vender sus servicios a usuarios finales, por lo que únicamente puede vender minutos de tiempo aire a Telcel, Telefónica, AT&T y operadores móviles virtuales. Estos últimos tienen menos de 0.9% del mercado, por lo que la viabilidad de la red compartida depende enteramente de la voluntad de Telcel, Telefónica y AT&T.
Con las recientes adquisiciones de espectro AWS por parte de Telcel y AT&T, ninguna de las dos necesita para nada la banda de 700 MHz, que es lo único valioso de la Red Compartida. Sólo le queda Telefónica, y su interés dependerá del precio y las condiciones. Además, el simple uso de la banda de 700 MHz no hará crecer el mercado por arte de magia como pretende la SCT; de otra manera esos usuarios ya los tendrían Telcel, Telefónica y AT&T. Lo que hace falta son torres, derechos de vía y poder adquisitivo, y nada de esto depende de la Red Compartida, por el contrario, la Red Compartida se enfrentará a los mismos desafíos y carencias a los que se han enfrentado los operadores privados por décadas.
La SCT nos dice que la Red Compartida llegará al menos a 85% de la población. Pues bien, Telcel, Telefónica y AT&T ya lo hacen. No hay nada nuevo bajo el Sol. La cobertura de la red compartida y la de los operadores privados se empalma y ambas atienden zonas urbanas. Aunque la propaganda gubernamental ofreció que la Red Compartida atendería zonas rurales, la realidad es que las bases de licitación atienden la cobertura poblacional, no la cobertura geográfica, lo que de manera tácita implica cubrir lo ya cubierto.
No se necesita ser un genio para darse cuenta de que en poco tiempo la Red Compartida habrá de ser rescatada, desmantelada y vendida al mejor postor.