El operador preponderante (América Móvil, Telmex-Telcel) recientemente hizo pública su intención de abonar a su tenencia de espectro radioeléctrico 60 MHz de la banda de 2.5 GHz, tras anunciar un acuerdo de cesión de derechos sobre estas frecuencias actualmente asignadas a Grupo MVS.
Esta pretensión será una prueba interesante para evaluar la autonomía y capacidad de análisis de condiciones de competencia por parte del IFT. Todo, en un periodo de revisión del cumplimiento y eficacia de la regulación asimétrica aplicable al preponderante. No tan difícil tarea en vista de los indicadores de creciente acumulación de participación de ingresos, suscripciones, tráfico en sus redes, y ahora, potencialmente, de espectro radioeléctrico, de manera desproporcionada ante el resto del mercado y de sus pares en la provisión de servicios.
De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), la transferencia de derechos por 60 MHz de la banda de 2.5 GHz al preponderante “pasaría a contar con más de la mitad (51%) de las frecuencias adjudicadas para la oferta de servicios de telecomunicaciones móviles”[1].
Es entonces razonable que el regulador revise, puesto que a la fecha los principales indicadores del mercado identifican una persistente y excesiva participación del preponderante, así como escasos avances en términos de reconfiguración del mercado y nivelación de condiciones de oferta a favor de sus competidores.
Si infundada e irreflexivamente aprobara directamente esta mayor concentración de espectro, contravendría el cometido de alcanzar una verdadera competencia en el sector, pero sobre todo resultaría en un nuevo caso de contrarreforma. En una época de reforma, resultaría en contrarreforma.
Especialmente porque ello abriría una ventana de oportunidad para que el preponderante ganara mayor ventaja frente a sus competidores, puesto que sería el único operador con frecuencias en la banda de 2.5 GHz por al menos un año y medio (en el mejor de los casos) de una porción del espectro que resulta óptima para la oferta de servicios móviles de nueva generación (4G-LTE). Circunstancia que, a su vez, resultaría atractiva para sus actuales y nuevos usuarios.
Separación legal BT-OpenReach: regulatorios pro competencia
Por cierto que en este sentido, un ejemplo exitoso de la voluntad y esfuerzos regulatorios para el desarrollo de la competencia es el reciente anuncio de la decisión del regulador de las comunicaciones en Reino Unido (Ofcom), que mandata la separación legal de la empresa incumbente y principal oferente de telecomunicaciones British-Telecom (BT) de su subsidiaria OpenReach, dedicada al arrendamiento de redes de infraestructura fija a sus competidores en condiciones equitativas.
La decisión del regulador parte de la identificación de bajos niveles de calidad en la banda ancha, altos precios y acotada inversión en la red de OpenReach. Asimismo, reconoce los incentivos y capacidad que tiene BT de beneficiar su negocio al usuario final frente a aquel mayorista, a partir del poder de decisiones de inversión de OpenReach.
Por ello, ordenó la separación de esta empresa de BT y la definición de una junta directiva propia compuesta en su mayoría por individuos no ligados a BT. De esta manera, se busca mejorar las condiciones de oferta de sus competidores y, consecuentemente, impulsar su desarrollo; así como detonar la inversión en infraestructura, el acceso y calidad de los servicios de banda ancha y telefonía fijos en el país.
