Como lo comenté en una colaboración anterior, a principios de este año, el órgano regulador de las telecomunicaciones y radiodifusión del Reino Unido, Ofcom, publicó una evaluación del estado de la competencia en el sector telecomunicaciones de ese país en la que manifestó estar decepcionado del grado de competencia alcanzado en los últimos 10 años, entre otras razones, porque el enfoque regulatorio utilizado para buscar consolidar un escenario de competencia efectiva, la separación funcional de la red local de British Telecom (BT), que opera bajo el nombre de Openreach, no ha sido eficaz.
Hace algunos días, Ofcom puso sobre la mesa un plan que no es tan contundente como la separación funcional considerada originalmente, pero que va en la misma dirección. Se trata de la separación legal de Openreach. La diferencia con la propuesta original es que Openreach seguiría siendo propiedad del grupo BT, pero se adoptarían medidas para asegurar que opere de manera independiente a BT y que no pueda estar sujeta a las estrategias de este incumbente sobre el resto de sus competidores.
Se trata de una discusión que en el Reino Unido se aborda con seriedad, donde naturalmente hay resistencia del incumbente, el poderoso. En este proceso, ha emprendido un proceso de consulta abierto que incluso ha motivado que BT reaccione con una contrapropuesta de medidas voluntarias que ofrece adoptar, muy lejanas aún de la propuesta de Ofcom, que ya anunció que de no ser satisfactoria el resultado, procederá entonces con la separación estructural, la solución extrema.
En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) bien podría seguir el ejemplo de Ofcom, que se muestra como un regulador que abiertamente reconoce que una medida regulatoria de enorme importancia, simplemente no dio los resultados buscados. Para contextualizar lo anterior, podemos tomar como ejemplo justamente la regulación que el IFT puso en marcha a partir de enero de este año por lo que hace a la desagregación de la red local de Telmex, a través de la Oferta de Referencia para la Desagregación del Bucle Local (OREDA), instrumento que en los primeros momentos despertó mucho entusiasmo entre los competidores de Telmex, porque nadie dimensionó los errores que podría haber cometido el regulador.
A sólo siete meses de su vigencia, se desprende que el IFT no revisó con suficiente detalle la propuesta de oferta que Telmex sometió a su consideración. Un ejemplo concreto está en la fórmula que autorizó para determinar la tarifa para los llamados servicios de acceso indirecto (SAIB), que los competidores de Telmex pueden utilizar para ofrecer acceso a banda ancha, utilizando la red de acceso local del preponderante. A partir de que entró en vigor la OREDA, es decir, habiendo recibido ya el visto bueno del IFT, Telmex inició su acostumbrada conducta de introducir mejoras en los paquetes de los usuarios, que representan un precio implícito mejor para éstos, paquetes que los competidores no pueden replicar, simplemente porque la fórmula para la determinación del precio del SAIB, lo hace inviable. De esta forma, los competidores solo pueden replicar ofertas de Telmex para velocidades de acceso cercanas a los 10 Megabits por segundo, porque para accesos de mayor velocidad, sencillamente no se puede. Representa la típica conducta de Telmex de estrangulamiento de márgenes, que hacen imposible competir.
Al igual que Ofcom, el IFT podría tener un gesto de sinceridad y reconocer que aunque muy joven, la OREDA tiene deficiencias importantes que no garantizan la competencia efectiva. Tampoco bastaría con que el IFT corrija esta deficiencia regulatoria, tendría que reconocer que esta fue aprovechada por el preponderante para instrumentar prácticas anticompetitivas para desplazar competidores o evitar que le puedan competir, lo que sin duda, está en contra de los objetivos de la reforma en telecomunicaciones.
