2019-11-13
A mi amigo Jorge F. Negrete
Estábamos en los últimos años del gobierno de Fox y Facebook y YouTube eran prácticamente desconocidos. Nadie tenía una cuenta de Spotify o Netflix en México. En el Senado de la República se llevaban a cabo foros sobre la reforma a la entonces Ley Federal de Radio y Televisión. Había dos grupos de pensamiento, los que querían regular más a la radiodifusión y los que pensábamos que su regulación era excesiva y que siempre es mejor más libertad que más controles burocráticos. Durante mis intervenciones como presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones hice un planteamiento que, por obvio, nadie había pensado. ¿Por qué en México el ejercicio de la libertad de expresión se sigue regulando en función de la tecnología que se usa para ejercerlo y no en función del contenido mismo del mensaje? Le explico. Las consecuencias legales de lo que usted diga y cómo lo diga son distintas si usted lo hace en papel y lo reparte en la calle, lo hace en un periódico o en una revista, lo hace en un espectacular en el periférico, en la radio o la televisión abierta, la televisión restringida producida en México, la televisión restringida producida en el extranjero o YouTube, Facebook, Twitter o Netflix, independientemente de si se trata o no del mismo contenido, sin alteración alguna.
Desde entonces, llegué a la conclusión de que la regulación de la libertad de expresión en todas sus modalidades, desde protección a la niñez, atención a grupos vulnerables (indígenas o discapacitados), paridad de género, erradicación de la violencia contra la mujer, educación y prevención para la salud, etcétera, debería ser materia de una ley especial, reglamentaria de los artículos Sexto y Séptimo de la Constitución, y dejar, de una vez por todas, el desorden jurídico y disfuncional que tenemos en la materia. Sobre regular a unas tecnologías (radiodifusión) y no regular en absoluto a otras (Internet) no sólo otorga ventajas a unos competidores sobre otros dentro del mismo mercado, sino que deja el interés público de la comunicación masiva en manos de conglomerados extranjeros con intereses aparentemente contrarios al interés nacional.
Apenas a mediados del año que entra, y aún tímidamente, algunos prestadores de servicios de televisión y audio restringidos sobre Internet empezarán a pagar algunos impuestos en México. Ningún otro tipo de regulación les es aplicada. Por su parte, la radiodifusión está sujeta a un amplio catálogo de lo que se puede decir y lo que no, al grado de que en algunos casos llega a ser verdaderamente ridículo, ambiguo y subjetivo. En materia de gravámenes, los radiodifusores, además de pagar una contraprestación en efectivo establecida en la práctica por la Secretaría de Hacienda de manera unilateral y sin mecanismo real de defensa, deben entregar al gobierno 48 minutos diarios y gratuitos para que transmita lo que quiera. En época de campañas políticas, esos 48 minutos se van para los angelitos de los partidos políticos y las autoridades electorales. Cabe señalar que esto es un invento del priismo más recalcitrante.
Vuelvo al mismo tema. La regulación de los medios debe ser tecnológica y fiscalmente neutra. Nada justifica privilegiar a algunas tecnologías de transmisión y al mismo tiempo castigar a otras. El gobierno tiene la voluntad de poner orden.
