El Informe de Gobierno ha dejado de ser un evento de pleitesía caudillista para convertirse en un sano ejercicio de rendición de cuentas con la ciudadanía y de reporte de los avances sobre la consecución de los objetivos y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo Sexenal. En su dimensión cuantitativa referente al sector de las telecomunicaciones, el informe reporta la numeralia relativa a la inversión, factor esencial para el desarrollo sectorial, pero sobre todo para el cumplimiento de los objetivos de la reforma constitucional en términos de cobertura, calidad y democratización de los servicios.
Por el lado de la inversión pública, el quinto informe de la presente administración reporta un ejercicio de 1,634.9 millones de pesos durante el 2016, aplicados principalmente al desarrollo del programa México Conectado, que busca contribuir a reducir la brecha digital llevando conectividad a diversos sitios públicos como escuelas, hospitales, bibliotecas y otros espacios. Al mes de junio del 2017, se informa que el programa alcanzó la instalación de 101,322 sitios, con una densidad de al menos uno en 99% de los municipios del país.
No obstante, el monto de recursos ejercidos el año pasado fue significativamente menor, 68.5% inferior al comparar con la cifra del 2015 y equivale a tan sólo 35% del promedio realizado en los tres años anteriores. La expectativa es que al finalizar el año se concrete un ejercicio de 1,773 millones de pesos, con lo que la inversión pública aumentará escasamente en 8.4%, frente al monto del 2016.
Es deseable que se ponga fin a esta contención de recursos gubernamentales destinados a la capitalización del sector, toda vez que inducen al estancamiento de proyectos que buscan coadyuvar en el desarrollo de actividades de los agentes económicos privados y, por supuesto, garantizar el derecho al acceso a las telecomunicaciones y a las TIC, reconocido en la Constitución desde la reforma sectorial.
En franco contraste, llama la atención que la inversión reportada de la iniciativa privada ha seguido una trayectoria al alza en los últimos dos años. En este sentido, los proveedores de servicios de telecomunicaciones ejercieron un monto de adiciones de capital o inversión que ascendió a 85,080 millones de pesos al término del año pasado, esto es 16.5% más que en el 2015 y 1.4 veces más que el promedio realizado en los tres años anteriores.
El principal factor que explica este ascenso en el ejercicio de recursos para el desarrollo de infraestructura desde la esfera privada reside en los incentivos y voluntad de los operadores competidores para renovar y fortalecer sus redes, especialmente de aquellas de banda ancha fija y móvil, en aras de reducir costos, aumentar su cobertura y alcanzar eficiencias en la provisión de los servicios.
Es a partir de estas acciones de inversión que se identifica un crecimiento destacable en el acceso a banda ancha móvil, en términos de suscripciones por cada 100 habitantes. De acuerdo con el quinto informe, el coeficiente pasó de 21 a 63 suscripciones por cada 100 habitantes, desde el inicio de esta administración al primer trimestre del 2017.
Efectivamente, con la promoción del ejercicio de recursos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones, es que se materializarán esos mandatos de cobertura, calidad y acceso universal a las telecomunicaciones. Por tal motivo, el regulador debe asegurar la instrumentación efectiva de los mecanismos necesarios para incentivar la inversión privada, especialmente desde los operadores competidores, mismos que han detonado su ejercicio de recursos de capital en infraestructura en los últimos años.
