2018-01-26
En mi anterior entrega adelantaba que efectivamente es necesaria una intervención regulatoria para que los servicios de telecomunicaciones lleguen a las zonas más alejadas del país.
Es así que cuando el mercado no es suficiente para atender a las comunidades marginadas, la regulación gubernamental procura que los servicios de telecomunicaciones lleguen a estas poblaciones, y con esto disminuir la llamada brecha digital y lograr un acceso lo más universal posible.
Para solventar lo anterior, en el proyecto de país (Proyecto 18) que López Obrador presentó el pasado 20 de noviembre, en su capítulo de telecomunicaciones (4 páginas), el documento resume el objetivo: “ampliar la cobertura de banda ancha para zonas marginadas en México a precios asequibles, para incorporar a estas regiones a las tecnologías de la información y elevar su nivel de vida.”
Hasta ahí muy bien. El problema viene cuando se empieza a describir la propuesta para lograr esa ampliación de cobertura. Básicamente lo que propone AMLO, en áreas geográficas que tienen acceso limitado a los servicios de telecomunicaciones, es que los concesionarios actuales “subarrienden al costo” el espectro que tengan subutilizado.
Una vez obtenido este espectro se otorgarían “concesiones sociales para que las comunidades y ONG lleven servicios tanto de voz como de alta velocidad a zonas del país con baja cobertura.” Una vez ocurrido lo anterior se otorgaría apoyo técnico y financiero para el despliegue de la red y el otorgamiento de los aparatos telefónicos.
Finalmente se habla de crear un Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha. Esto último no está mal, aunque hay que decir que este tipo de fondos se ha creado en muchos países (incluido México) y sus resultados son poco claros y objetables.
Pero me regreso al tema de las concesiones sociales. Si bien la Ley de Telecomunicaciones las considera, la manera en cómo se pretende otorgarlas es confiscatorio de los derechos de los concesionarios. Es una propuesta soviética o chavista, por decir lo menos.
AMLO pretende decirle a Telcel, Telefónica, y ATT que se tienen que deshacer de ciertos megahercios de espectro en tales o cuales regiones para subarrendarlos a terceros, al que se le van a otorgar “concesiones sociales”. ¿De verdad los concesionarios no van a hacer nada al respecto? ¿Ya se dieron cuenta? Si fuera mi negocio yo estaría muy preocupado.
De los otros precandidatos hasta el momento no he escuchado ninguna propuesta en este sector de las telecomunicaciones. Estaré pendiente.
