vía El Economista.
Pues sí, como lo pronosticamos hace ocho años, Altán, la empresa que se quedó con el cuestionado proyecto de la Red Compartida Mayorista, quebró. ¡No podía saberse!, dirán en la consultora McKinsey, a la que el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en la época de Felipe Calderón, Mony de Swaan, pagó $100 millones de pesos por un estudio que dijera que el proyecto era una maravilla, impulsaría la competencia y llevaría Internet a los habitantes más pobres de las zonas rurales. Después, con el estudio de McKinsey en la mano y los fervores del Pacto por México en ebullición, Juan Molinar Horcasitas y su pupilo De Swaan, condicionaron el apoyo del PAN a la reforma en telecomunicaciones a que se incorporara en la Constitución este proyecto, que ya habían apalabrado con el gigante chino Huawei.
Supuestamente se trataría de una asociación público privada en la que el gobierno aportaría la totalidad de la banda de 700 MHz y los particulares la inversión necesaria para la compra de equipos, el despliegue de la red y su operación. Nada salió como el gobierno y los burócratas apalabrados con los proveedores dijeron que saldría. Ya en el gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contrató a Bank of America Merrill Lynch para que elaborara un modelo de negocios que permitiera licitar el proyecto que tanto interesaba a un grupo de panistas y algunos priistas. El modelo se infló para hacerlo atractivo, lo mismo para los costos que para los ingresos. Por ejemplo, en la pagina 68 se señaló el ingreso que supuestamente la Red Compartida empezaría a recibir por megabit en 2017, el cual era más alto que el que recibían Telcel, Telefónica y AT&T, y que, evidentemente, nunca se cumplió. Con la misma superficialidad, el modelo suponía que al cuarto año la Red Compartida tendría una participación del 14% del tráfico de telecomunicaciones y contemplaba un crecimiento de suscriptores móviles que no tenía justificación histórica alguna.
En 2015 escribí en este espacio: “Ante la evidente manipulación del modelo, la pregunta obvia es ¿por qué inflarlo tanto? El costo de la infraestructura estaría en realidad alrededor de los mil millones de dólares, no los siete mil u ocho mil de los que ha hablado la SCT. Se puede pensar que la SCT ha querido sembrar la idea de que el proyecto generará recursos cuantiosos para así justificar gastos exorbitantes. Esto no haría ningún sentido si se tratara de una verdadera asociación público-privada en la que el gobierno aporta el espectro y el inversionista privado aporta todos los recursos para la construcción de la red. Sin embargo, empieza a tener lógica (para los funcionarios públicos que estuvieran involucrados en el negocio) si el inversionista pone recursos mínimos y el propio gobierno, a través de la banca de desarrollo, otorga el financiamiento para la construcción de la red. Ahí ya cuadra todo: recursos públicos, ganancias privadas y moches a discreción. En todo caso, pronto sabremos si mi teoría es un sueño guajiro o en realidad estamos ante un monumental y complejo asalto al erario. Si en los consorcios aparecen Banobras, Bancomext, Nafin o algún fondo internacional al que se le hayan otorgado recursos públicos, los indicios sobre el negocio detrás de la Red Compartida se verían robustecidos. […] La mera posibilidad de que sea el propio estado mexicano el que garantice la inversión de lo elegidos, desnaturaliza por completo las ventajas del modelo de asociación público privada, ya que el estado asumiría todo el riesgo y los principales costos y los inversionistas privados únicamente verían las ganancias, si las hay. De ser cierto, como lo creo, que el gasto de 7,000 millones de dólares no es recuperable, al final tendríamos una red subutilizada, con graves problemas financieros para mantener su operación, y una deuda monumental con cargo al erario público, y todo por la necedad de políticos que quieren gastar lo que no hay para construir algo que no se necesita. Como dice el clásico, al tiempo”.
Y el tiempo llegó, Altán quebró y el gobierno de López Obrador salió a rescatarla. Adivine quiénes son los que pusieron el dinero y seguirán poniéndolo: Banobras, Nafin y Bancomext. Los ganones: los proveedores y, sobre todo, los burócratas que hicieron posible este desfalco. ¿Habrá alguna vez un responsable o seguiremos pagando con nuestros impuestos los “negocitos” de políticos y burócratas?
@gsoriag