Federico González Luna Bueno/ El Financiero
Como hemos venido reiterando en entregas pasadas, la nueva ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión debe promover las inversiones, respetar la libertad de expresión, y ante todo, dotar de seguridad jurídica a los empresarios del sector, así como generar confianza en los nuevos inversionistas. Esta legislación debe buscar resultados, no complacer.
Es indispensable que esta legislación asuma la visión de aquéllos que apuestan sus capitales y de quienes desean y necesitamos más y mejores servicios.
Lo anterior se ha ratificado por diversas voces, casi unánimes, en la Semana de la Radio y Televisión que acaba de concluir, no sólo por empresarios, sino también por legisladores, políticos, que se resume con claridad cuando Enrique Peña Nieto refiere que hay que dejar muy claro, habremos de escuchar las voces de radiodifusores, especialistas y ciudadanos, para que se privilegie la seguridad jurídica de todos.
Es pues, con mesura y paciencia como se construyen los espacios de dialogo y no con arrebatos, aunado a la inclusión y a la pluralidad de participación a que alude el presidente. El camino no es la imposición de visiones pardales, de ahí la explicación de la premura de aquéllos que reclaman con vehemencia el cumplimiento de un plazo sin profundizar en los temas auténticos y que, dicho sea de paso, son vastos, de complejidad técnica y económica, que además reclaman la adecuación de otras leyes y ordenamientos. Ese debate aún no existe.
No perdamos una visión holística sobre el país, donde el sector telecomunicaciones -sin menoscabo de ser clave para el desarrollo económico y social del país- forma parte de un entramado estructural más amplio con otros tantos temas igualmente necesarios para México, como el impulso al sector energético o la consolidación de la democracia y un sistema electoral más transparente y equitativo.
Es evidente que el plazo del 9 de diciembre próximo, fenece la posibilidad formal de emitir esta nueva ley, pero la posibilidad material de construir consensos, generar seguridad jurídica, escuchar todas las voces, analizar todos los temas con puntualidad y cuidado, y tal vez la oportunidad de hasta de aclarar la reforma constitucional, sea precisamente el momento de hacerlo, por lo que no debemos negarnos tal posibilidad.
Muchos apostamos y tenemos la certeza de que una nueva ley convergente que venga a renovar una Ley Federal de Radio y Televisión que data de los 60 o de una Ley Federal de Telecomunicaciones con casi veinte años de existencia, no es tarea sencilla de conjugar, de ahí que afirmemos que vale la pena esperar, pero no inmóviles sino a través de la discusión de fondo que hemos referido.
No perdamos el diálogo y la discusión respetuosa sobre cómo debe ser la red mayorista, cuáles deben ser los criterios para declarar a los agentes dominantes, como funcionará el nuevo organismo público de radiodifusión, si deben o no comercializar tiempos las concesiones sociales ante la lógica de que no tienen fines de lucro, cuáles serán los alcances de las prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia o del concepto de veracidad de la información ante el fundamental derecho de la libertad de expresión, cómo debe ser la agenda de inclusión digital universal, y tantos otros temas.
Evidentemente, la supuesta fatalidad del plazo de 180 días para emitir la nueva ley y adecuar una docena de otros tantos ordenamientos, no debe ser el centro de las discusiones, cambiemos el rumbo del debate. Todos debemos participar y aportar, ese es precisamente el principio democrático que caracteriza a las decisiones políticas fundamentales, que deben distinguirse de normas de procedimiento como es el establecimiento de un plazo legislativo.
Decía con razón don Eduardo J. Couture a sus alumnos: Ten paciencia, en el derecho el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
Abogado en telecomunicaciones
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