En Estados Unidos, el regulador de las comunicaciones —la Federal Communications Comission (FCC)— hace unos días puso una multa, la más alta en su historia, por $120 millones de dólares a una persona física (Adrian Abramovich) por hacer llamadas telefónicas escondiendo su identidad y para ofrecer paquetes vacacionales y tiempos compartidos a decenas de miles de incautos. Realizó 96 millones de llamadas en tres meses.
La semana pasada la FCC también multó a Philip Roesel con $82 millones de dólares, por hacer llamadas telefónicas y atacar a consumidores vulnerables al venderles, con engaños, seguros para personas de la tercera edad.
Dos dependencias federales trabajan en conjunto en el vecino país del norte para evitar el hostigamiento (tele-mercadeo) telefónico: La Federal Trade Comission, que sanciona a las empresas que insisten en llamar a consumidores y la propia FCC, cuya labor es castigar a las empresas que disfrazan y/o esconden su identidad con el objetivo de defraudar. Entre ambas llevan el registro de “donotcall.gov” en el que están registrados 226 millones de números activos.
Aquí en México, no hay noticias de multas a empresas que hagan este tipo de hostigamiento. Al contrario, bancos, tarjetas de crédito, empresas, call centers, encuestadores y partidos políticos hostigan constantemente a las 20 millones de líneas fijas y a las 112 millones de líneas móviles que hay registradas.
Asimismo, en México, la actuación de las autoridades en este tema está fragmentada y hasta ahora parece no ser exitosa. Esta se divide entre:
1.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que cuenta con un Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), en teoría sanciona el tele-mercadeo, pero no se tiene información de sanciones a quienes lo violen. En la prensa se reporta que tiene inscritos 345 mil números, pero la Profeco no cuenta con información disponible, luego de ser consultada. La página para el registro es https://repep.profeco.gob.mx/.
Cabe mencionar que el proceso de registro no funciona la mitad de las veces y en mucha medida depende con qué tipo de buscador se entra, siendo Explorer el más exitoso.
2.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que lleva el registro para contener las llamadas de proveedores de servicios financieros, bancos, seguros, Afore y personas con funciones de cobranza. Su registro se llama REUS (Registro Público de Usuarios que no Deseen que su Información sea utilizada para Fines Mercadotécnicos o Publicitarios), está ubicado en http://portalif.condusef.gob.mx y tiene una validez de dos años, así que hay que darse de alta cada vez que vence el plazo de registro del número. La mala noticia es que en su portal es imposible registrar números celulares, lo que es ridículo siendo que es el servicio que tiene la mayor cantidad de clientes en el país.
Además, si se quiere registrar más de un servicio financiero como no deseado, es necesario reiniciar el proceso una gran cantidad de veces pues la plataforma sólo permite el registro de dos razones sociales a la vez y son cientos las empresas financieras que aparecen en su listado. Este registro que asegura tener casi 500 mil inscritos (lo que apenas representa .4% del total de usuarios telefónicos en el país) es una pena. Al igual que en el caso de la Profeco, no hay datos de sanciones por parte de Condusef en este rubro.
3.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que investiga a través de un proceso de verificación si los datos de un usuario fueron utilizados incorrectamente o sin su consentimiento. No tiene registro alguno para evitar llamadas y tampoco tiene contabilizadas sanciones por uso indebido de números telefónicos. Registra sanciones genéricas por mal uso de datos personales y errores en el aviso de privacidad y en los últimos 4 años ha sancionado por esto a 113 empresas, principalmente del sector financiero, pero nada que se especialice en el hostigamiento telefónico.
4.- Las llamadas de organizaciones políticas, las entidades de beneficencia y los encuestadores telefónicos no tienen regulador alguno y pueden realizar llamadas cuándo y cómo quieran. Ni el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Electoral (Fepade) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizan actividad alguna en la materia.
Seguramente usted ya se habrá dado cuenta de la impunidad con la que le hablan a su celular o a al número de su casa. Ahora, dado que los dos principales registros en el país no funcionan debidamente y que hay un enorme vacío en materia electoral y de encuestas, el hostigamiento que recibirá será mucho mayor en vísperas de las elecciones federales y estatales de 2018.
De hecho, ya hay call centers mapeando números/usuarios para hacer proselitismo, medir preferencias y hasta para campañas negras al llamar a usuarios de madrugada solicitando “apoyo” para determinado candidato.
Así que, a diferencia de otros países, en México no hay dato que valide el funcionamiento de los registros y por lo tanto tampoco hay empresas sancionadas. Aquí se llama con toda impunidad y hasta se disfrazan los números (lo que se conoce como spoofing) y no se aplica sanción alguna. Los dos registros existentes no tienen ningún efecto práctico: te registras y te siguen llamando.
Ojalá que las autoridades federales o algún grupo que proteja a los consumidores se dediquen a avanzar en este tema que a todos afecta. Desde luego, no podemos esperar nada de las empresas telefónicas, pues a ellas les sirve mientras más tráfico se genere. Al tiempo que un sistema integral de protección a usuarios queda integrado, sólo nos resta esperar que las páginas de los registros de Condusef y Profeco sean más amigables y funcionen de manera adecuada.
La triste realidad es que ninguna autoridad vela seriamente para cuidar su privacidad y que no sea objeto de inumerables llamadas telefónicas.
Cambiando de tema: Se está anunciando el servicio de Sportflix que se señala que tendrá los derechos de todos los eventos deportivos en México, pero al parecer, al igual que varios de los canales de Roku, no cuenta con estos derechos de transmisión. En el caso de Roku, jueces federales han suspendido la venta de equipos en México y se espera un fallo de fondo en un par de meses que podría obligarlo a hacerse cargo de evitar la piratería que se distribuye desde sus dispositivos.
En el caso de Sportflix, se apuntan ya varias demandas de los titulares de derechos deportivos –FOX, Turner, ESPN, Liga Española, SKY- contra este nuevo sistema que, más que nuevo, es la vieja piratería disfrazada de una plataforma de Internet. No se deje engañar, pues todo apunta a que perderá su dinero.
