En los sectores regulados en nuestro país como el de las telecomunicaciones y la competencia económica, existe un fenómeno muy marcado de movilidad de funcionarios de alto nivel entre el sector público y privado, entre regulador y regulado, entre velar por bienes públicos y bienes privados. Funcionarios gubernamentales con poder de decisión en secretarías clave u órganos reguladores se mueven al sector privado una vez que terminan sus encargos en el sector público, llevando consigo los conocimientos técnicos, conexiones personales y políticas, y comprensión de las complejidades de los sectores que originalmente regulaban.
En el lenguaje regulatorio a este fenómeno se le conoce como la puerta giratoria, revolving door, en inglés, una metáfora que describe la rotación de funcionarios entre dos sectores conectados. Lo anterior es relevante dadas las prácticas evidentes que existen en los sectores energético, de competencia económica y de telecomunicaciones con la rotación de funcionarios de primer nivel.
El día de ayer, un reconocido columnista de telecomunicaciones describía cómo Eduardo Pérez Motta, el excomisionado presidente de la entonces Comisión Federal de Competencia, trabaja ahora en un despacho que defiende los intereses de grandes empresas de telecomunicaciones que antes regulaba y sancionaba. Al mismo tiempo, durante los últimos meses hemos escuchado acusaciones contra Mony de Swaan, ex comisionado presidente de la Cofetel, justamente por cruzar esta línea ética entre los intereses públicos de sus funciones y los intereses privados de sus regulados.
Independientemente del mérito (o no) y el contexto en el que se den estas acusaciones, este fenómeno tiene vertientes interesantes que resolver y que han sido un problema por muchos años en nuestro país. Recuerdo como el semanario Proceso acusaba en los años noventa a funcionarios de las administraciones de los presidentes Salinas y Zedillo incluso por dar cátedra en el ITAM.
El primer problema es el poco dinamismo del mercado laboral: en la medida en que no existan suficientes oportunidades para estos servidores públicos, es difícil que tengan movilidad hacia otros sectores. El segundo son las lagunas legales que existen al respecto. Si bien se han hecho esfuerzos a través de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el ámbito administrativo y los Códigos de Ética y normas internas en el Congreso, no se ha podido delinear bien qué es público y qué es privado. Un tercer elemento es la falta de estabilidad laboral en el gobierno federal y los bajos salarios.
El fenómeno no es exclusivo de funcionarios del Poder Ejecutivo. Es frecuente que miembros del Congreso de la Unión se vuelvan cabilderos en la Cámara de Diputados o viceversa y que exministros de la Suprema Corte de Justicia se vuelvan litigantes de intereses privados. Por ello, ahora que las leyes secundarias de telecomunicaciones, energía y competencia económica se discutan, debemos no sólo debatir las funciones de los órganos reguladores y los mecanismos de acción, sino los límites al fenómeno de las puertas giratorias en sectores regulados.
