Federico González Luna Bueno/ El Financiero.
Existen una serie de datos en materia de inversión en el sector telecomunicaciones que, si no preocupantes, al menos debieran ser causa de atención seria y puntual cuando se lleven a cabo las discusiones para aprobar la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional de junio pasado.
Según estimaciones de la extinta Cofetel, las inversiones estimadas para el año 2013 disminuirán un 27 por ciento respecto de las del año anterior, al pasar de 6 mil 800 millones de dólares a poco menos de 4 mil 900 este año. Una disminución de 24 mil millones de pesos.
De acuerdo con el secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), Pablo Bello, nuestro país tendrá que invertir 5 mil millones de dólares anuales en banda ancha móvil durante los próximos 10 años para eliminar la brecha digital. Esto significa que de 2014 a 2018 se requerirían inversiones bajo este rubro por cerca de 350 mil millones de pesos. Según otras estimaciones esta cifra sería por demás conservadora.
De acuerdo con el Ifetel, los servicios móviles representan el 52 por ciento del total de las inversiones en el sector lo que implica que, de las futuras inversiones para esta industria, la mayor parte deberá destinarse a servicios móviles, que vienen siendo -o debieran ser- el gran imán de recursos económicos para el despliegue de infraestructura que haga que nuestra economía en su conjunto sea mucho más competitiva y productiva.
Entre los servicios móviles, destaca la banda de frecuencias de 700 MHz (prácticamente despejada) para ser asignada ágilmente por el Ifetel y que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, se trata de la banda más importante a nivel mundial tanto por la eficiencia con la que pueden prestarse en ella servicios móviles de banda ancha de nueva generación como por su capacidad generadora de ingresos para el Estado.
Un dato preocupante respecto de la asignación y uso potencial de esta banda de 700 MHz es que la reforma constitucional, en su artículo décimo sexto transitorio, previó un esquema poco convencional, aún no probado exitosamente en ningún país en el mundo, complejo, incierto, y que, en opinión de varios especialistas, contiene aires estatistas que poco alentarán las inversiones y la libre competencia.
Dice el artículo décimo sexto aludido que `El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones`, para lo cual, entre otras cosas:
-Contempla que esta red pública compartida utilizará 90 MHz, es decir prácticamente todo el espectro disponible que es de 106 MHz (lo que impide casi cualquier otro uso adicional de la misma);
– “Podrá” contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales que deba aprobar la Cámara de Diputados;
– Ningún prestador de servicios de telecomunicaciones privado tendrá influencia en la operación de la red;
– No podrá prestar servicios a usuarios finales, y
– Deberá asegurar la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal.
Como se ve, se trata de un conjunto de elementos que, de no reglamentarse adecuadamente, pueden llegar a ser contradictorios entre sí, nulificándose unos a otros. El propio secretario general de la AHCIET señala su preocupación por este esquema que deja fuera del mercado un recurso esencial con un potencial enorme para promover las inversiones, la competencia y los servicios diversos y de calidad.
El caso de la banda de 700 MHz puede ser un ejemplo. En general, la futura legislación secundaria de las telecomunicaciones y la radiodifusión enfrenta enormes retos para ser auténticamente promotora de las inversiones y el cambio; retos que no son insalvables y a los cuales ocuparemos la colaboración de la próxima semana.
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