La falta de transparencia en la actuación gubernamental abona al clima de suspicacia y desasosiego que embarga a la sociedad. La clase política y la alta burocracia están cada vez más alejadas de la gente y llegan a creerse que lo que ellos dicen y platican entre sí representa a la opinión pública. El horno no está para bollos y ellos siguen comportándose como si fuéramos idiotas y en pocos días sus tropelías fueran a ser olvidadas. En un país desgarrado por la violencia y con un Estado cada vez más débil, perciben a la corrupción como algo innato a nuestra naturaleza y con la que ya nos acostumbramos a vivir. Desafortunadamente, frente al horror de las fosas clandestinas y la desaparición de personas, o el saqueo burdo por parte de exgobernadores prófugos, asuntos complejos de tráfico de influencias, prestanombres y financiamiento público para enriquecimiento privado les parece poca cosa.
En las industrias de la radiodifusión y las telecomunicaciones hay dos casos que aún darán mucho de qué hablar y cuyas consecuencias, aunque previsibles, apenas empiezan a despertar la atención que merecen. Me refiero a Tecnoradio y al financiamiento público para la red compartida.
Como ya es bien sabido, Tecnoradio ganó la licitación para instalar y operar estaciones de radio en 37 ciudades del país, para lo cual habrá de pagar poco más de $280 millones de pesos. Hasta ahora se conoce que la empresa fue constituida por exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), uno de los cuales es el actual director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), dependiente del gobierno federal. A decir del director del IMER en una entrevista con Joaquín López Dóriga, él vendió sus acciones un día antes de que Tecnoradio participara en la licitación convocada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero no sabe a quién. En la prensa ha trascendido que los compradores fueron Alí Eduardo Bañuelos, René Padilla Páez y Francisco Javier Márquez Lozano. El accionista mayoritario es Alí Eduardo Bañuelos con 80% de la empresa y, curiosamente, es un empleado de mediano nivel de Diamond Electronics-Comercializadora Milenio, quienes fueron los principales beneficiarios de los contratos para venderle a la SCT la gran mayoría de los millones de televisores digitales que ésta repartió con motivo del apagón analógico y por los que se pagaron miles de millones de pesos. Diamond Electronics ha declarado que la inversión de Bañuelos no tiene nada que ver con ellos y la está haciendo a título personal. El problema, sin embargo, radica en que es inverosímil que un empleado de clase media cuente con recursos propios para pagar los $280 millones de las frecuencias más otro tanto que se requiere para adquirir la infraestructura, equipos y capital de trabajo para echar a andar una red de 37 estaciones radiodifusoras.
A pesar del hecho de que una inversión de casi $300 millones de pesos por tres personas físicas de clase media ha levantado suspicacias y en la industria existe la percepción de que se trata de prestanombres, el IFT ha mantenido un absoluto hermetismo sobre el tema y parece que no tuvieron el debido cuidado al analizar el origen de los recursos que soportan el proyecto. La verdad es que la participación de funcionarios públicos y empresas contratistas del Estado en la asignación de concesiones para explotar bienes del dominio público deja muchas dudas en el aire que el IFT está obligado a disipar. No pueden escurrir el bulto y pretender que aquí no pasa nada. La clave está en el origen del dinero.
Por otro lado, en este espacio le hemos comentado desde hace varios años que el proyecto de la red compartida parecía ser un negocio de funcionarios y exfuncionarios públicos, asociados con particulares y el gobierno de China, para construir una red de telecomunicaciones multimillonaria que muy difícilmente recuperará la inversión.
Hoy parece que los hechos empiezan a darnos la razón:
se anunció que contra una inversión de $1,000 millones de pesos por parte del consorcio ganador, el gobierno aportará $17,750 millones a través de Banobras, Nafin y Bancomext. En pocas palabras, deuda pública para ganancias privadas.
