2019-05-30
Un eje esencial de la reforma de telecomunicaciones de 2013 fue generar condiciones de competencia efectiva; por ello es que desde la Constitución y la Ley se delinearon medidas asimétricas en ese sentido, y se dio potestad al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que determinara tales medidas, que tuvieran como finalidad que hubiera mayor competencia y, como consecuencia, tarifas más bajas, así como nuevos servicios.
En el contexto anterior, llama la atención lo señalado por el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) y de la consultora The CIU en el sentido de que las medidas asimétricas impuestas al agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T) no han logrado su objetivo.
Diversas opiniones y estudios coinciden en que el AEP-T mantiene una posición dominante en número de usuarios e ingresos, es decir, pareciera que las medidas asimétricas impuestas desde el marco legal o las del IFT no han logrado su finalidad. Esto es de la mayor relevancia, dado que se está en el proceso de revisión bianual de las condiciones impuestas.
Es importante mencionar que las medidas buscan mercados en condiciones de competencia efectiva, y es natural que el operador obligado a acatarlas esté renuente, pero también resulta esencial la actuación puntual del regulador en su supervisión, y, en todo caso, para su adecuación en el contexto de la revisión en curso.
De acuerdo con los índices que miden la concentración en mercados, tenemos que, en 2014, cuando se impusieron las medidas asimétricas, se tenía un índice de cuatro mil 320 unidades, y para finales de 2018 el sector llegó a cuatro mil 142 puntos. A simple vista, una baja mínima que, si bien tuvo una reducción después de marzo de 2014, ahora refleja una tendencia al alza que podría significar un proceso de reconcentración del mercado.
Lo mismo ocurre en las métricas de usuarios e ingresos: en abril de 2016, el AEP-T tenía el 61 por ciento de los usuarios, y para diciembre de 2018 el porcentaje fue de 59.1 por ciento. Mientras, en ingresos aumentó de 59.8 por ciento al 62.1 por ciento y su ímpetu de inversiones pasó de 23 mil 900 millones de pesos (mdp) en 2014 a 15 mil 700 mdp en 2018. Los datos se pueden resumir en tres puntos: mantienen su nivel de usuarios, incrementan sus ingresos y baja inversiones.
Bajo este contexto, queda claro que más allá de implementar nuevas medidas, se tienen que cumplir cabalmente las establecidas, por lo que el IFT debe ejercer sus facultades regulatorias, de lo contrario pasarán los años y todo seguirá igual: los perjudicados serán los usuarios, los operadores que le compiten al AEP-T y se convierte en letra muerta la competencia efectiva que marca la Constitución.
INTERFERENCIAS
Es de llamar la atención que la SCT pida a los operadores que haya más inversiones en el sector telecomunicaciones, particularmente para lograr una conectividad universal. Lo interesante es que tal vez debiese haber un giro, y que, en lugar de pedir un aumento de la inversión, se anuncien condiciones que las faciliten y existan condiciones seguras para invertir, no incertidumbre.